Amazon, el gigante tecnológico vinculado al empresario Jeff Bezos, ha presentado una consulta en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile, desatando un nuevo debate en la industria tecnológica sobre la inclusión de cláusulas de territorialidad en licitaciones de servicios de nube del Estado.
En un extenso escrito de 58 páginas, la multinacional denunció que el Estado ha modificado las condiciones de contratación en sus licitaciones para servicios de infraestructura en la nube (IaaS), exigiendo una «residencia de datos» en el país, a pesar de que Amazon fue admitida como uno de los tres proveedores tecnológicos en el Convenio Marco de ChileCompra.
Amazon AWS considera que esta exigencia es «discriminatoria» frente a sus propuestas y llega en un momento crucial para el desarrollo de empresas y organismos públicos, ya que los servicios de almacenamiento y computación en la nube se han vuelto esenciales.
La consulta busca la opinión del TDLC sobre si es contrario a la libre competencia que los órganos de la Administración del Estado exijan que la infraestructura o los datos se ubiquen en territorio chileno. Amazon argumenta que este requisito no tenía justificación técnica ni jurídica hasta 2022, pero un cambio de criterio en los últimos dos años ha llevado a que sus propuestas queden excluidas.
La compañía sostiene que técnicamente la exigencia de que la residencia de datos esté en Chile es injustificada y, de hecho, puede ser contraproducente. Afirman que los niveles de servicio y seguridad son iguales independientemente de la ubicación de la información.
Además, Amazon califica este cambio de criterio como un factor que perjudica «arbitraria e injustificadamente» al oferente que presenta los precios más bajos por los servicios, afectando directamente al patrimonio fiscal. La empresa menciona un caso reciente con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) donde, al excluir a AWS, se generó un perjuicio fiscal de $171.5 millones, ya que se eligió una opción más cara de la alianza Entel-Google.
En su defensa, Amazon argumenta que ChileCompra permitió expresamente la participación de proveedores con infraestructura en el extranjero en la elaboración del Convenio Marco, contradiciendo ahora el espíritu del convenio al incorporar una exigencia que excluye a uno de los proveedores, afectando gravemente el mercado relevante de autos.
