La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado un requerimiento formal contra Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando a la compañía tecnológica de abusar de su posición dominante en los mercados de distribución de aplicaciones y de bienes digitales pagados en la plataforma Android. Según el organismo, se solicita una multa de 101.482 Unidades Tributarias Anuales, lo que equivale a casi 89 millones de dólares. La investigación, que comenzó en octubre de 2022, surgió tras una denuncia de un particular que alertó sobre posibles infracciones al Decreto Ley N° 211, dirigido a proteger la libre competencia en el país.
En su informe, la FNE expone que Google controla el 95% del mercado de distribución de aplicaciones en Chile y más del 99% de la distribución de bienes digitales pagados dentro de las aplicaciones en Android. Estas cifras alarmantes evidencian un entorno altamente concentrado, donde los competidores enfrentan significativas barreras de entrada, tales como los efectos de red, altos costos de inversión en innovación, y restricciones impuestas directamente por Google. Estas dinámicas refuerzan la posición dominante del gigante tecnológico, perjudicando así tanto a los desarrolladores como a los consumidores.
La investigación de la FNE ha descubierto diversas prácticas que Google emplea para mantener su monopolio en el mercado. Por ejemplo, se alega que la compañía exige a los fabricantes de dispositivos Android la preinstalación de Google Play Store en lugares destacados, lo que limita la visibilidad de otras aplicaciones. Además, se menciona que Google ha obstaculizado el desarrollo y la distribución de tiendas de aplicaciones alternativas y ha complicado la descarga de aplicaciones desde fuera de su tienda oficial, creando un ecosistema cerrado que restringe la competencia.
Otro aspecto destacado en el requerimiento de la FNE es el sistema de facturación impuesto por Google a los desarrolladores. Se afirma que Google obliga a los creadores de aplicaciones a utilizar su sistema de facturación, lo que les impide informar a los consumidores sobre otros métodos de pago o promociones externas. Esta práctica no solo limita las opciones de los desarrolladores, sino que también podría resultar perjudicial para los usuarios, quienes se ven obligados a utilizar los servicios de Google, muchas veces sin alternativas más ventajosas.
Felipe Cerda, fiscal nacional económico (s), subrayó la importancia de perseguir y sancionar los abusos de posición dominante, afirmando que «estas prácticas anticompetitivas han permitido a Google consolidar a Google Play como el principal canal de descarga de aplicaciones y limitado las alternativas de desarrolladores y consumidores en la distribución de bienes digitales dentro de las aplicaciones». Además de la multa, la FNE ha solicitado al tribunal que imponga medidas para mitigar estas conductas, tales como permitir la distribución de tiendas de aplicaciones de terceros y habilitar sistemas de facturación alternativos, lo que podría fomentar una mayor competencia en el sector digital.
