En un reciente fallo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha otorgado un plazo de 30 días corridos al Gobierno, específicamente a los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Interior y Seguridad Pública, y Desarrollo Social y Familia, junto con el municipio de San Antonio, para habilitar albergues destinados a las cerca de 10.000 personas que residen en la megatoma del puerto. Este fallo responde a la creciente preocupación por la situación de estas personas, quienes se verán afectadas por el desalojo inminente de la ocupación ilegal de tierras. La Corte enfatizó que, a pesar de la creación de una mesa intersectorial, ha pasado un tiempo considerable sin que se logre establecer las infraestructuras necesarias para el albergue, lo que subraya la urgencia de la situación.
El abogado Diego Pereira, representante de los propietarios del terreno en cuestión, aplaudió la resolución judicial, señalando que pone fin a especulaciones sobre una posible suspensión del desalojo. Pereira resaltó que el fallo clarifica la importancia de restablecer el Estado de derecho y reafirmar el derecho de propiedad, afirmando que sus clientes han luchado durante cinco años por recuperar sus terrenos. El abogado expresó su esperanza de que, tras la decisión, las instituciones involucradas avancen rápidamente en la coordinación del desalojo y el establecimiento de albergues adecuados.
Mientras tanto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, manifestó la preocupación del Gobierno ante la inminente situación del desalojo, especialmente dada la vulnerabilidad de la población afectada, que incluye a 3.000 niños y 3.700 familias. Montes destacó que, aunque se debe cumplir con la orden judicial, es fundamental considerar el impacto que tendrá esta acción sobre las personas, por lo que se está trabajando en buscar alternativas y en diálogo con las comunidades. El ministro dejó claro que el Gobierno priorizará la seguridad y el bienestar de las familias durante este proceso.
El diktat judicial subraya la necesidad de que las instituciones involucradas acrediten por escrito la implementación de los albergues, so pena de enfrentar medidas de apremio. El tribunal ha establecido que la puesta en marcha de estos refugios es un requisito previo para fijar una fecha concreta para el procedimiento de desocupación de la megatoma. Este aspecto ha generado un debate entre las partes involucradas, ya que mientras los propietarios buscan recuperar sus terrenos, la urgencia de las instituciones por proteger a los ocupantes se convierte en una prioridad que no puede ser ignorada.
Finalmente, el contexto de esta situación refleja el delicado equilibrio que debe mantener el Gobierno en la gestión de estos conflictos sociales. Con un alto número de personas en riesgo de quedar sin hogar, cualquier decisión debe ser tomada con la debida consideración de sus consecuencias. La expectativa se centra ahora en cómo se organizarán los albergues y en qué medida se logrará una transición pacífica hacia el desalojo, evitando posibles confrontaciones y garantizando el respeto por los derechos fundamentales de todos los involucrados.
