La Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado una exhaustiva auditoría al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en respuesta a los múltiples reclamos surgidos tras el megacorte de luz que afectó a gran parte del país el pasado 25 de febrero. Este organismo tiene como objetivo determinar si hubo un manejo inadecuado de las quejas presentadas por los ciudadanos y si se brindó protección a las empresas distribuidoras de electricidad involucradas en la crisis. La situación ha suscitado preocupación en la población, sobre todo entre aquellos que sufrieron directamente las consecuencias del corte.
Según un informe del medio de comunicación El Mostrador, correos internos del Sernac sugieren que existió un intento deliberado de evitar que las compañías eléctricas fueran señaladas como responsables del corte. En uno de estos correos, se discute cómo redactar un comunicado que minimice la responsabilidad de las distribuidoras de electricidad en el incidente, planteando serias dudas sobre la transparencia y la independencia del organismo. Las insinuaciones de que la gestión de los reclamos pudo estar influenciada por presiones externas agravan la percepción de falta de confianza en las instituciones responsables de proteger los derechos de los consumidores.
Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sernac, ha puntualizado que los consumidores no recibieron la información adecuada sobre el estado de sus reclamos, lo cual ha llevado a una mayor incertidumbre entre los afectados. Bustamante subrayó que, en una crisis de esta magnitud, la falta de comunicación efectiva puede tener repercusiones graves, como se ha evidenciado en el trágico fallecimiento de personas electrodependientes durante la emergencia. Estas circunstancias subrayan la necesidad de un manejo más eficaz y humano por parte de las autoridades responsables.
Frente a estas acusaciones y la creciente presión pública, la ministra vocera (s) del Gobierno, Aisén Etcheverry, ha defendido la autonomía del Sernac, asegurando que su director ha cooperado plenamente con la investigación y que no hubo intervención alguna por parte del Gobierno ni de la Presidencia en la gestión de los reclamos de los consumidores. Esta declaración busca suavizar la desconfianza generada, aunque también plantea interrogantes sobre la verdadera independencia del Sernac en momentos de crisis.
En el marco de esta polémica, el Coordinador ha entregado un informe a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) donde se reitera la responsabilidad de Interchile, una de las principales distribuidoras de electricidad implicadas en el megacorte. El resultado de la auditoría de la CGR será crucial para esclarecer los hechos y determinar si se tomaron las decisiones correctas en el manejo de las crisis, así como para restablecer la confianza de la población en las instituciones encargadas de proteger sus derechos como consumidores.
