El Banco BICE ha tomado una drástica medida al interponer dos querellas criminales en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras detectar una serie de delitos que involucran el uso fraudulento de sus tarjetas de débito GO BICE. Este caso se ha convertido en una alarmante situación de estafa que ha generado un perjuicio total de más de $196 millones para la institución. Los delitos denunciados incluyen la obtención maliciosa de restitución indebida de fondos, estafa y asociación ilícita, lo que resalta la complejidad y la gravedad de la situación.
La primera querella se centra en doce personas que, entre febrero de 2024 y marzo de 2025, realizaron 15 reclamos por supuestos giros no autorizados, totalizando $19 millones. Banco BICE, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 20.009, tuvo que restituirles una suma considerable de $13.730.103. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad, registros telefónicos y domicilios, la entidad descubrió patrones que indicaban la existencia de una organización criminal bien estructurada, lo cual modificó el enfoque de la investigación hacia la naturaleza delictiva de las acciones de los querellados.
De manera paralela, el banco también detectó 157 operaciones irregulares entre febrero y mayo de 2024, relacionadas con abonos improcedentes que pretendían simular devoluciones de productos en comercios estadounidenses. Estas maniobras fraudulentas involucraron a 43 clientes, de los cuales 33 lograron retirar los fondos mediante transferencias, giros, compras o vales vista. Las investigaciones revelaron que las irregularidades se iniciaban con la simulación de compras en línea, seguidas de solicitudes de reembolso que provocaban un abono automático en las cuentas de los estafadores.
La querella señala que, a través de publicaciones en redes sociales, se convocaba a usuarios con cuentas ‘GO BICE’ activas, prometiendo que recibirían dinero en sus cuentas y que tendrían derecho a una parte de la cantidad transferida. Esta estrategia no solo señala la sofisticación de los métodos empleados por los delincuentes, sino que también indica la posible creación de una red organizada con funciones definidas, abarcando desde reclutadores hasta gestores de operaciones ficticias. El banco ha requerido al Ministerio Público que se investigue en profundidad la existencia de esta organización delictiva, argumentando que no se trata de acciones criminales aisladas.
Finalmente, Banco BICE ha hecho un llamado a la acción, pidiendo que se formalicen las investigaciones correspondientes y que se impongan las sanciones establecidas por la ley a los involucrados. La entidad bancaria busca no solo recuperar el monto perdido, sino también prevenir futuros incidentes que afecten su credibilidad y la seguridad financiera de sus clientes. Este caso ha levantado una alerta sobre la creciente amenaza del fraude digital y la importancia de fortalecer las medidas de seguridad en el sector financiero.
