Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, ha presentado un recurso de amparo con la intención de revertir su prisión preventiva, buscando una medida cautelar menos gravosa. Sus abogados, Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, argumentan que existen vulneraciones a las garantías procesales de su clienta y señalan que la resolución que impide la convocatoria de una audiencia para revisar su situación no es apelable, conforme al artículo 149 del Código Procesal Penal. Este escenario jurídico ha llevado a la defensa a considerar que su única opción viable es la presentación del presente recurso para que se valore la legalidad de la medida impuesta.
La situación de Barriga se tornó compleja cuando el 25 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar su arresto domiciliario, ordenando en su lugar su prisión preventiva. La institución judicial argumentó que Barriga representa un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que ha desatado un debate sobre los criterios aplicados para tal determinación. La defensa ahora solicita al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago que se revise esta medida cautelar o, alternativamente, que se convoque a una nueva audiencia con un juez habilitado para analizar la situación de la exalcaldesa.
El equipo jurídico de Barriga ha criticado duramente la decisión tomada el 17 de marzo, indicando que esta carece de fundamentos sólidos y restringe de manera arbitraria el derecho de su cliente a disputar la prisión preventiva. Según su defensa, el carácter excepcional de esta medida debería garantizar que se revisen adecuadamente las circunstancias antes de imponer tal gravedad en el tratamiento procesal. De este modo, el recurso de amparo presentado representa un intento por asegurar que se respeten los derechos fundamentales de la exalcaldesa.
La acusación en contra de Barriga por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado es grave, ya que se le imputa liderar una gobernanza fraudulenta durante su período al frente de la comuna de Maipú, el cual abarcó los años 2016 a 2021. Se estima que su gestión ocasionó un perjuicio económico superior a los $30 mil millones, lo que ha intensificado la atención mediática y pública sobre su caso. Los abogados de Barriga sostienen que, a pesar de las acusaciones, su situación legal no debe comprometer su derecho a un tratamiento justo.
La atención sobre el caso de Cathy Barriga no solo pone de manifiesto las tensiones entre la política local y la justicia, sino que también refleja una creciente preocupación por la forma en que se gestionan las medidas cautelares en el sistema legal chileno. A medida que avanza el proceso, la defensa de la exalcaldesa enfatiza la importancia de salvaguardar el derecho a la defensa y asegurar que todos los procedimientos legales sean conducidos de manera justa y transparente. El desenlace de este caso podría sentar un precedente en el uso de la prisión preventiva en situaciones similares en el futuro.
