En los últimos años, Chile ha enfrentado diversos escándalos de corrupción que han erosionado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Sin embargo, a pesar de estos casos de alto impacto, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2024, publicado recientemente, muestra que el país ha logrado mantener una puntuación de 63 puntos, posicionándose como el segundo país menos corrupto de América Latina, solo detrás de Uruguay. Este resultado es notable, considerando que el promedio regional es de 42 puntos, lo que sugiere que, a pesar de los desafíos, Chile se encuentra en una situación relativamente favorable en comparación con otros países de la región y de la OCDE, donde el puntaje promedio es de 65.
Es importante destacar que el IPC no proporciona un diagnóstico absoluto sobre la corrupción en el país, ya que se basa en la percepción de expertos y empresarios. Aunque se han registrado incidentes graves como el caso Audios y el caso Convenios, el hecho de que estos casos hayan sido investigados y visibilizados puede interpretarse como un signo positivo del funcionamiento del sistema judicial. Esta transparencia en la investigación es crucial, pues indica que las instituciones están actuando de manera efectiva, lo que a su vez puede contribuir a mejorar la percepción pública sobre la corrupción en el futuro.
La independencia y autonomía del Ministerio Público en la investigación de delitos de corrupción son fundamentales para garantizar la justicia. A lo largo de los últimos años, se han dictado medidas cautelares contra figuras públicas de alto perfil, lo que demuestra un avance en la lucha contra la impunidad. Aunque muchas investigaciones aún están en curso, se espera que las futuras condenas tengan un impacto positivo en la percepción de la justicia y la integridad institucional en el país. Este proceso de rendición de cuentas es vital para restaurar la confianza ciudadana y reafirmar el compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción.
Adicionalmente, el informe de Perspectivas de Anticorrupción e Integridad de la OCDE, publicado en marzo de 2024, complementa la visión del IPC al proporcionar un análisis basado en indicadores objetivos. Este informe destaca a Chile por su enfoque estratégico y a largo plazo en la prevención de la corrupción, así como por su Estrategia Nacional de Integridad Pública, que se posiciona entre las mejores del mundo. Esta evaluación refuerza la idea de que, aunque la percepción de corrupción puede ser negativa en ocasiones, las políticas implementadas son efectivas y están alineadas con estándares internacionales.
Finalmente, el gobierno chileno ha avanzado en su agenda de probidad con la presentación de varios proyectos de ley que buscan fortalecer la transparencia y prevenir conflictos de interés. La creación de un registro nacional de beneficiarios finales y la modernización de la regulación de lobby son algunos de estos esfuerzos. Aunque los efectos de estas iniciativas no siempre se reflejan de inmediato en la percepción pública, son esenciales para construir un país con altos estándares de integridad. En resumen, el IPC 2024 no debe ser motivo de alarma, sino un impulso para seguir reforzando políticas de transparencia, asegurando que Chile continúe siendo un referente en la lucha contra la corrupción en la región.
