Esta tarde, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció su decisión de solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que imponga sanciones a las empresas Biomar, Skretting y Salmofood, todas dedicadas a la producción de alimentos para salmones. Según la Fiscalía, estas compañías habrían participado en un acuerdo anticompetitivo que se extendió desde 2003 hasta 2015, lo que impactó negativamente en los precios de estos insumos esenciales a nivel nacional. Este escándalo de colusión se suma a una serie de casos anteriores en los que se han visto involucradas empresas en diversos sectores de la economía chilena, lo que ha generado un llamado a una mayor vigilancia por parte de las autoridades para proteger la libre competencia.
En su intervención ante el TDLC, el Subjefe de la División de Litigios de la FNE, Eduardo Aguilera, presentó evidencia contundente sobre el comportamiento colusorio de las empresas implicadas. Según Aguilera, al inicio de su investigación, se encontró que las empresas compartían información mediante intercambio de listas de precios, lo que fomentó una coordinación de precios al alza. Posteriormente, esta estrategia se enfocó en la manipulación de los costos de las materias primas, afectando así tanto a los productores como a los consumidores en el país. El material probatorio se obtuvo a través de delaciones compensadas y registros realizados en las oficinas de las empresas en cuestión durante el proceso de indagación.
Aguilera también ofreció detalles sobre cómo ejecutivos de alto nivel de las tres empresas estuvieron involucrados en la concreción de este acuerdo anticompetitivo. A través de correos electrónicos y declaraciones recopiladas, se pudo evidenciar que los gerentes generales, comerciales y de compras colaboraron activamente, afectando así los precios que se facturaban a los clientes. Este tipo de coordinación no solo perjudicó a la competencia del mercado, sino que también tuvo un impacto resiente en consumidores y en el desarrollo del sector acuícola en el país, cuestionando la ética empresarial de estas figuras.
La gravedad de estos actos ha llevado a la FNE a solicitar la aplicación de las máximas sanciones permitidas por la ley. Para cada una de las empresas mencionadas, la Fiscalía ha propuesto que se imponga una multa de 30 mil UTA, lo que equivale a más de 24.800 millones de pesos chilenos en el total, alcanzando un monto global de hasta 75.500 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 79,8 millones de dólares. Estas acciones buscan no solo penalizar a las empresas involucradas, sino también disuadir comportamientos similares en el futuro y reafirmar la necesidad de una competencia leal en el mercado.
Este caso resalta la importancia de la regulación y defensa de la competencia en sectores estratégicos como el de la alimentación acuícola. La colusión entre las empresas productoras de alimentos para salmones no solo afecta a los precios, sino que también tiene repercusiones en la confianza del consumidor y el desarrollo sostenible del sector. La FNE, al perseguir acciones legales en este ámbito, refuerza su compromiso con una economía más equitativa y transparente, asegurando que los entes reguladores actúen con firmeza ante actos que vayan en contra del bienestar económico y social de la nación.
