La justicia ha dictado un fallo en contra de la tienda Bata de Tocopilla, condenándola a pagar 450 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por infringir la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores. Esta sanción fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que respaldó la decisión tomada por el Juzgado de Policía Local de la comuna. La medida se adoptó tras un operativo de fiscalización realizado por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), que reveló graves irregularidades en el local de la cadena de calzados, ubicado en la calle 21 de mayo de la Región de Antofagasta.
Durante la supervisión del SERNAC, se constató que Bata no estaba exhibiendo la información comercial básica que la ley exige. Además, se encontraron otras irregularidades que comprometían los derechos de los consumidores, referente a la falta de datos visibles sobre sus derechos y la restricción al ejercicio de la garantía legal. Ante estos hallazgos, el SERNAC decidió presentar una denuncia de interés general contra la empresa, lo que llevó a una considerable multa superior a los 30 millones de pesos a beneficio fiscal por las violaciones cometidas.
El Juzgado de Policía Local, tras evaluar los antecedentes, determinó que Bata había vulnerado el derecho fundamental de los consumidores a recibir información clara y veraz sobre los productos y servicios que ofrece. Entre las faltas señaladas, se incluía la omisión de identificar al jefe del local y la restricción en el acceso a la garantía legal. La corte desglosó la multa total de 450 UTM en tres partes iguales, cada una atribuida a diferentes infracciones: 150 UTM por no revelar quién estaba a cargo, 150 UTM por la falta de información acerca de la garantía legal, y otras 150 UTM por limitar su aplicación.
A pesar de que la tienda de calzados presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para revocar este fallo, el tribunal decidió mantener las sanciones impuestas, ratificando la responsabilidad de la empresa en la violación de los derechos de los consumidores. Esta decisión resalta la importancia de la legalidad en la operación de las empresas y la protección de los derechos de los usuarios.
Fernando Sepúlveda, director regional del SERNAC, enfatizó la necesidad de que los consumidores tengan acceso a información clara y transparente sobre precios y servicios. ‘El correcto cumplimiento de estas normativas no sólo constituye buenas prácticas comerciales, sino que es una obligación legal que las empresas deben acatar para garantizar los derechos de los consumidores’, afirmó Sepúlveda, subrayando así la contundente postura del organismo ante las infracciones encontradas.
