La reciente destitución de Marcos Troncoso, director de Administración y Finanzas de la Corporación Cultural de Peñalolén, ha generado un intenso debate sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. Troncoso fue despedido por la exministra de las Culturas, Julieta Brodsky, luego de que este advirtiera sobre vínculos cuestionables entre dos trabajadores de la corporación y la empresa Pinturas Motta, que se adjudicó un contrato para un proyecto de intervención pictórica en el Centro Cultural Chimkowe. Según Troncoso, uno de los trabajadores había estado empleado en la empresa y el otro había trabajado allí hasta 2022, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de compra.
El escándalo se agudiza al revelarse que la hermana de uno de los empleados vinculados fue contratada como encargada del proyecto RUA, lo que Troncoso consideró un claro conflicto de interés. En su defensa, el exdirector ha calificado la situación como un asunto de probidad y no simplemente de finanzas. «Este no es un tema de plata, es un tema de probidad», sostiene Troncoso, quien considera que su destitución es un intento de silenciar las preocupaciones sobre la corrupción en la administración municipal.
A raíz de las denuncias, la Municipalidad de Peñalolén ha iniciado una auditoría sobre la compra de pintura, mientras que Troncoso ha elevado su caso a la Contraloría General de la República y ha presentado una demanda de tutela laboral. Este caso no es aislado; en agosto de 2023, otros directores de la municipalidad fueron desvinculados por escándalos relacionados con compras irregulares, lo que pone en evidencia un patrón preocupante en la gestión de los recursos públicos en la comuna.
La relación entre Troncoso y Brodsky se deterioró notablemente cuando la nueva directora comenzó a presionar para avanzar con la contratación de Valentina Jamett, hermana de uno de los trabajadores vinculados a Pinturas Motta. Troncoso, al enterarse de esta situación, se opuso rotundamente y se negó a aprobar la compra del material, lo que le costó su puesto. Brodsky justificó su decisión alegando una pérdida de confianza, mientras que la municipalidad invocó el artículo 161 del Código del Trabajo para respaldar el despido sin necesidad de justificación clara.
Tras su despido, Troncoso ha intentado conseguir apoyo entre concejales y otros funcionarios, pero ha encontrado resistencia y temor a cuestionar la nueva dirección. Asegura que la eliminación de los controles que él había implementado para asegurar la probidad en la administración de recursos públicos es alarmante. La situación plantea serias interrogantes sobre la dirección en que se encamina la Corporación Cultural de Peñalolén y la necesidad de mantener una vigilancia estricta en la gestión pública para prevenir la corrupción.
