El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, ha tomado la controversia decisión de reincorporar a la exjefa de Inteligencia, Cristina Vilches, como asesora externa, pocos meses después de que fuera llamada a retiro debido a su involucramiento en el polémico caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La detective, quien fue acusada de haber actuado de manera irregular al activar una operación para recabar información sobre las circunstancias que rodearon la denuncia de violación contra Monsalve, ahora volverá a las filas de la institución, aunque bajo un contrato a honorarios que culminará en diciembre. Este regreso ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la integridad de la PDI.
Cerna argumenta que esta reincorporación es necesaria para aprovechar la vasta experiencia y conocimiento de Vilches en el ámbito de inteligencia, especialmente para proyectos que ya estaban en desarrollo antes de su retiro. Sin embargo, muchos dentro de la PDI consideran que esta decisión contradice el mensaje de responsabilidad y disciplina que se intentó imponer al solicitarle su retiro en primer lugar. La posibilidad de que Vilches pueda recibir un doble sueldo, ya que cuenta con una pensión por su servicio, añade una capa adicional de controversia a este asunto.
El abogado Luis Cantellano, representante del diputado Andrés Celis, uno de los querellantes en el caso, ha expresado su preocupación por esta decisión, que califica de sin precedentes y potencialmente corrupta. Cantellano argumenta que la reincorporación de Vilches podría implicar un pago de favores políticos, lo que generaría desconfianza en el liderazgo de la PDI y, por ende, en la justicia penal que se lleva a cabo en torno a los actos de Monsalve. Según el abogado, esto podría disminuir la credibilidad de las investigaciones realizadas por las autoridades.
El abogado también se ha mostrado alarmado por la falta de respuesta a las solicitudes para investigar las acciones de Eduardo Cerna en el caso, sugiriendo que su falta de declaración ante la fiscalía es un indicador de la lentitud e ineficacia de la investigación. La preocupante situación se agrava por la percepción de que las decisiones dentro de la PDI están influenciadas por intereses políticos más que por un verdadero compromiso con la justicia. Esto, según Cantellano, podría estar socavando la labor que se cuenta con las instituciones encargadas de velar por la ley y el orden.
El contexto del regreso de Vilches se ve aún más complicado por la naturaleza de su última relación laboral con Monsalve, quien le solicitó ayuda solo días antes de ser denunciado. Durante esa reunión, el exsubsecretario aparentemente expresó su miedo a represalias y la necesidad de investigar cualquier posible intento de extorsión, lo que ha suscitado múltiples cuestionamientos sobre la ética y las decisiones operativas de Vilches en aquel momento. La reactivación de su rol en la PDI plantea serias preguntas sobre la dirección y administración de la policía civil en situaciones donde la política y la justicia parecen interrelacionarse de formas inusuales.
