Tras una serie de auditorías, la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en evidencia severas deficiencias en la gestión de la seguridad pública en numerosas municipalidades de la Región Metropolitana y Biobío. En total, se identificaron problemas en ocho comunas de la Región Metropolitana y cuatro en Biobío. Los hallazgos incluyen la falta de seguimiento a los planes comunales de seguridad establecidos, numerosas cámaras de seguridad inoperativas, así como el incumplimiento de recomendaciones por parte de Carabineros. La CGR ha instado a las municipalidades a implementar medidas correctivas, regularizar procedimientos y dar inicio a sumarios correspondientes para abordar estas preocupaciones en la gestión de la seguridad ciudadana.
Un caso emblemático es el de San Joaquín, donde el informe destaca fallas en el sistema de televigilancia. Se comprobó que el Consejo Comunal de Seguridad Pública no había realizado seguimiento efectivo al Plan de Seguridad 2023–2027 y se operaron un dron municipal en 31 ocasiones sin la debida autorización. A esto se suma el notable hallazgo de siete cámaras inoperativas que llevan meses, algunas incluso más de un año, sin funcionar, lo que pone en jaque la eficacia del monitoreo en la comuna. Asimismo, las cámaras lectoras de patentes no están conectadas al sistema de búsqueda de vehículos, y no se acreditaron los mantenimientos preventivos por parte del proveedor, lo que agrava aún más la situación.
En San Bernardo, la auditoría evidenció problemas igualmente alarmantes con equipos y procedimientos. La existencia de tablets que no se utilizan, multas no aplicadas, y la falta de patrullajes preventivos permanentes han sido algunas de las principales observaciones. Esta falta de control y seguimiento al Plan Comunal de Seguridad Pública en San Bernardo, sumado a la inactividad de herramientas de seguridad como bicicletas y un dron, pone de manifiesto la urgencia de una revisión integral de los protocolos y recursos asignados para la seguridad pública.
Además, en Lo Prado, se detectó que el municipio no cumplió con las normativas al no enviar el Plan Comunal de Seguridad a las autoridades correspondientes ni designar un representante del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. El informe reveló la emisión de certificados sin la debida firma y fecha, así como la adjudicación de licitaciones sin los requisitos técnicos necesarios, lo que sugiere una falta de transparencia y control en la administración local. Estas irregularidades han llevado a la CGR a recomendar la corrección inmediata de estos procesos y a instaurar sumarios para esclarecer responsabilidades.
En Concepción, las fallas en el sistema de televigilancia son igualmente preocupantes, con solo el 55% de las cámaras vinculadas al CENCO de Carabineros y numerosas cámaras fuera de servicio. La situación es grave, ya que estas deficiencias pueden impactar negativamente en las labores policiales y en la seguridad de los ciudadanos. La Contraloría también indicó que las cámaras destinadas a proteger espacios comerciales no operan debido a problemas de conexión, a pesar de ser financiadas con importantes recursos destinados a la prevención del delito. Ante estos hallazgos, se hace imperativo que las municipalidades aborden los problemas con seriedad y agilidad para restablecer la confianza de la ciudadanía en la gestión de la seguridad pública.
