La Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió suspender por seis meses el desalojo de la megatoma de San Antonio, que estaba programado para llevarse a cabo el 27 de febrero de 2025. Esta medida, que afecta a aproximadamente 10 mil familias que residen en el asentamiento irregular ubicado en el Cerro Centinela, fue ratificada por el tribunal este miércoles. La decisión se tomó tras considerar los antecedentes presentados por las partes implicadas, lo que refleja la complejidad del caso y la necesidad de un análisis más profundo antes de proceder con el desalojo.
La Corte justificó su resolución al mencionar que se otorgará un plazo de seis meses para evaluar las circunstancias del asentamiento. Esta suspensión se produce en un contexto donde la situación de las familias afectadas ha generado un intenso debate social y político. Muchos residentes han expresado su preocupación por la posibilidad de perder sus hogares, lo que ha llevado a un llamado a la acción tanto de organizaciones sociales como de autoridades locales.
El 24 de febrero, el Gobierno y los propietarios del terreno firmaron un protocolo de acuerdo que establece la creación de una comisión técnica. Esta comisión tiene como objetivo evaluar las condiciones para la posible venta del terreno, definiendo el precio y las garantías necesarias. Este paso es fundamental para asegurar que los derechos de los habitantes de la megatoma sean considerados en cualquier negociación futura.
El protocolo también contempla que, en caso de que no se llegue a un acuerdo, la comisión deberá establecer formas razonables y graduales para ejecutar el fallo judicial que ordena el desalojo. Este enfoque busca evitar un desalojo abrupto, que podría agravar la situación de las familias que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad. La creación de esta comisión técnica es vista como un intento por parte del Gobierno de mediar y encontrar una solución que beneficie a ambas partes.
A medida que se acerca la fecha original del desalojo, la atención se centra en cómo se desarrollarán las negociaciones y qué medidas se implementarán para proteger a las familias que residen en el Cerro Centinela. La suspensión del desalojo representa una oportunidad para que se busquen soluciones más justas y humanitarias, garantizando que los derechos de los ciudadanos sean respetados en el proceso de regularización de asentamientos irregulares en el país.
