Para la reforma de pensiones, el parlamentario considera que se debe avanzar en el 6% de cotización extra con una proporción de 4,2% para capitalización individual y 1,8% para seguridad social.
Incrementó la aceleración de la reforma al sistema de pensiones en la Cámara de Diputados y Diputadas, poco antes del receso legislativo que tiene lugar cada año durante febrero.
Uno de los puntos controversiales que tiene ha tenido la tramitación de esta iniciativa tiene que ver con el 6% de cotización extra a cargo del empleador. En este caso, el centro de la discusión radica en dónde se destinará dicho porcentaje, si en las cuentas de ahorro obligatorias de los cotizantes o en un sistema estatal de reparto.
La última fórmula comunicada por el Gobierno apuntaba a un 1% para fortalecer el empleo, un 2% para capitalización individual y un 3% para el seguro social.
No obstante, las fuerzas políticas no alineadas – votos claves para que se pueda aprobar la reforma – propusieron otra distribución. Por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócrata) realzó la opción del colectivo por un 4,2% para capitalización individual y un 1,8% para solidaridad.
El congresista advirtió que hoy “existe una red de protección que nosotros apoyamos también y empujamos como la PGU y si es necesario aumentar pensiones para los jubilados de la PGU, si es necesario incorporar en ese segmento a discapacitados, a mujeres cuidadoras, podemos hacerlo y esperamos que el Gobierno tenga la disposición de hacerlo, pero no puede pretender el Gobierno pagar los compromisos políticos de campaña con las cotizaciones de los trabajadores de Chile, eso es una receta que se aplicó en Argentina, que se aplicó en Venezuela, que se aplicó en varios países de Latinoamérica con inspiración marxista y vean el resultado que hoy día tienen esos países».
Además añadió que puede existir “solidaridad para las personas que cotizaron, no podemos hacer solidaridad para personas que nunca cotizaron, ni tampoco para pagar las deudas políticas o los compromisos de campaña del gobierno, si el gobierno quiere aumentar pensiones o dar bonos a distintos sectores de la ciudadanía tienen el legítimo derecho, pero lo tienen que hacer vía impuesto, no con las cotizaciones de los trabajadores», explicó.