El abogado especialista en materia de pensiones fue crítico de la licitación de stock, señaló que tiene muchos riesgos que la harán fracasar y advirtió a los parlamentarios que tienen “el deber de evaluar mecanismos alternativos a la licitación que no impliquen un potencial riesgo a la rentabilidad de los fondos de pensiones”.
Los ánimos entre Gobierno y oposición respecto a un posible acuerdo relativo a la reforma de pensiones están cada vez más álgidos, con arremetidas de parte del Gobierno y dudas que se levantan de parte del comando de Evelyn Matthei ante eventuales “efectos con graves consecuencias no deseadas” que podrían recaer sobre los afiliados de aprobarse una reforma.
Uno de los puntos que podría generar estos “efectos graves no deseados”, según han reporteado diversos medios de prensa estos días, es la llamada licitación de stock, o de carteras de afiliados antiguos, una propuesta que empuja el Gobierno y que, en opinión de ellos, disminuiría las comisiones de las administradoras, pero diversos expertos han levantado los riesgos que implicarían en la rentabilidad futura y en los daños que causarían en los fondos de pensiones de los afiliados a más largo plazo.
En esa línea, el experto en temas previsionales y quien también fuera fiscal de la Superintendencia de Pensiones, el abogado y académico PUC, Alejandro Charme, escribió una columna en el Diario Financiero específicamente sobre este tema, advirtiendo sobre los riesgos que conlleva la licitación.
“La licitación propuesta no sólo vulnera los derechos y garantías constitucionales a la propiedad de los fondos […] A simple vista, hay efectos negativos en los retornos de las inversiones”, sentenció.
Agregó que “se generan diferencias en los precios entre afiliados licitados y no licitados [de una misma administradora] y se crean subsidios cruzados difíciles de fiscalizar”. Ante eso, prosigue Charme, “nace, incipientemente, el riesgo que todos temen: que tras el fracaso del mecanismo, surja un ente estatal que monopolice todo, pues sólo bastaría una modificación legal futura”.
Continúa con una advertencia: “La pregunta de fondo es por qué asumir todos estos riesgos […] los colegisladores (Gobierno y Congreso) tienen el deber constitucional de evaluar mecanismos alternativos a la licitación, que incentiven la competencia en rentabilidad en el sector y no impliquen un potencial riesgo al retorno de las inversiones en los fondos de pensiones de los chilenos”.
Así, Charme se sumó a aquellos que preferirían la adopción de otro mecanismo, levantado por expertos como Cecilia Cifuentes y otros, sobre una comisión mixta. “Una propuesta ya levantada es una comisión que tenga un componente fijo y otro variable, donde no se distorsione el mercado y se premie la gestión rentable. Si nos alejamos de la idolatría y el fanatismo que han caracterizado a esta reforma podemos lograr acuerdos con sustento técnico”, concluyó.
