El Gobierno de Chile ha oficializado la expropiación de 100 hectáreas de un total de 215, correspondientes a la megatoma de San Antonio, en un esfuerzo por ofrecer soluciones habitacionales a las miles de familias residentes en el área. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa donde se enfatizó que el precio demandado por los propietarios del terreno era «exorbitante» y superaba con creces el valor de mercado. Actualmente, esta ubicación alberga a aproximadamente 4,000 familias, lo que significa cerca de 10,000 personas, de las cuales más de 3,000 son menores de edad. Esta situación ha llevado al Gobierno a implementar un plan de acción dividido en dos fases para atender de manera efectiva la urgencia habitacional que enfrenta la población local.
Durante el anuncio, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó que a pesar de los esfuerzos del Gobierno por negociar la compra directamente con los propietarios a través de una comisión técnica que trabajó durante seis meses, no se alcanzó un acuerdo que satisficiera a ambas partes. Montes indicó que el precio exigido era insostenible y no reflejaba la realidad del mercado actual, lo que llevó al Ejecutivo a tomar la difícil decisión de proceder con la expropiación. «Estamos hablando de una situación única en el país, donde un desalojo sin planificación adecuada podría desencadenar una crisis humanitaria», advirtió el ministro, resaltando la importancia de actuar con cautela y responsabilidad.
El plan del Gobierno comprende una fase inicial que se centra en el desalojo de áreas que no están incluidas en las hectáreas a expropiar, lo que implica que la municipalidad de San Antonio deberá habilitar albergues temporales para las familias afectadas. En la segunda fase, se ejecutará la expropiación formal del terreno, con la intención de iniciar un proyecto habitacional que se desarrollará de manera colaborativa con los pobladores. Montes aclaró que estas comunidades, organizadas en unas 40 cooperativas, participarán del financiamiento de la urbanización, asegurando que las familias ya cuentan con un fondo de ahorro acumulado, lo cual les permitirá ser parte activa en el desarrollo del nuevo hogar.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que la decisión de expropiar se fundamenta en la legalidad y en precedentes históricos, citando que en los últimos años se han emitido 258 decretos para diferentes programas de expropiación. De estos, 135 corresponden a la administración anterior y 123 a la actual. Elizalde explicó que la utilización de esta herramienta es un mecanismo legítimo para abordar necesidades sociales urgentes, subrayando que el Estado debe garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
En paralelo, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, hizo hincapié en la trascendencia de abordar esta problemática con un «sentido humanitario». Vallejo enfatizó que la responsabilidad del Estado no se limita a cumplir con requerimientos legales, sino que también incluye un compromiso ético con las personas afectadas, sobre todo con los niños y niñas de la comunidad. La ministra concluyó que el Gobierno asume la responsabilidad de abordar esta situación de manera integral y con un enfoque que prioriza la dignidad y el bienestar de las familias involucradas, reiterando que «la decisión está tomada» y se avanzará en la implementación de este plan habitacional.
