La reciente controversia alrededor de la Resolución 12 del Servicio de Impuestos Internos (SII) ha dejado a muchos chilenos con la sensación de que el Estado quiere desplazar su responsabilidad en la fiscalización tributaria hacia los ciudadanos. La antigua norma exigía la impresión de boletas para todas las transacciones, algo que para los emprendedores que utilizan soluciones de pago modernas resultaba completamente obsoleto. Ahora, tras una rectificación a medias, el SII ha permitido que las boletas se entreguen en formato digital, sin embargo, la lógica detrás de esta normativa invita a una reflexión más profunda sobre las obligaciones impuestas a los consumidores y comerciantes.
Esta visión de la fiscalización tributaria parece construir un sistema donde todos debemos convertirnos en vigilantes del cumplimiento. El SII ha reiterado que los consumidores deben exigir boletas y que los vendedores deben cuestionar e investigar a quienes piden factura, lo que plantea no solo un problema de sobrecarga administrativa sino también de responsabilidad social. Convertir a cada ciudadano en un fiscalizadora de impuestos es una política que se siente retrograda y que evoca tiempos en los que el control del comercio informal era mucho más complicado.
Bajo este marco, los pequeños emprendedores enfrentan una serie de obstáculos que complican aún más el proceso de formalización de sus actividades. La exigencia de demostrar que ya operan en el ámbito formal antes de poder incluso dar ese paso, se convierte en un loop kafkiano que limita a los nuevos negocios y perpetúa la informalidad. En este contexto, resulta absurdo que el Estado, que debería favorecer la formalización, imponga cargas que solo consiguen disuadir a quienes intentan cumplir la ley.
A esto se suma la situación en la que operan muchos contribuyentes, que enfrentan plataformas inestables y problemas con datos inconsistentes al realizar su Operación Renta. La Defensoría del Contribuyente ha iniciado una investigación sobre estas faltas del SII, lo que evidencia un clima de desconfianza y frustración entre aquellos que buscan cumplir con sus obligaciones tributarias. Esta situación no ayuda a erradicar el comercio informal, que sigue fortaleciéndose a la sombra de un sistema que no brinda el soporte necesario para su eventual formalización.
Finalmente, la reciente decisión del SII de condonar multas e intereses para quienes declaren sus impuestos hasta el 9 de mayo puede ser vista como un intento de calmar las aguas ante el descontento ciudadano. Sin embargo, no aborda de fondo el problema central: la falta de claridad y eficiencia en las políticas fiscales, que deberían estar orientadas a facilitar la formalización y no a empujar a la sociedad a asumir roles que corresponden al Estado. Sin un cambio real en la percepción y en las políticas tributarias, el camino hacia un país con un comercio formal y justo se tornará cada vez más incierto.
