La Corte Suprema de Chile ha confirmado que un total de 692 funcionarios del Poder Judicial realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban en licencias médicas. Esta revelación se produce tras un exhaustivo informe elaborado por la Contraloría General de la República, que llevó a cabo una investigación detallada en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI) para verificar los antecedentes de estos funcionarios durante un período de cinco años. Se detectaron un total de 1.029 salidas del país, asociadas a estos 692 funcionarios, evidenciando una preocupante irregularidad en el uso de las licencias médicas.
El Poder Judicial, que cuenta con una dotación total de 13.457 funcionarios, ha mantenido una postura firme ante esta situación. La Corte, al revisar el caso de los 571 funcionarios que permanecen activos, ha señalado que, afortunadamente, ninguno de los involucrados es Ministro o Fiscal de la Suprema, lo que podría haber elevado la gravedad del asunto. Sin embargo, se han detectado cuatro Ministros y un Fiscal Judicial de Cortes de Apelaciones, así como 84 jueces de diversas competencias, lo que plantea la necesidad de una investigación minuciosa.
En respuesta a este escándalo, la Corte Suprema ha decidido remitir la lista de funcionarios implicados a las respectivas Cortes de Apelaciones, con el objetivo de iniciar procedimientos disciplinarios. Esta medida subraya la determinación del sistema judicial para abordar y resolver este tipo de comportamientos inapropiados que socavan la confianza pública en las instituciones. Cada Corte de Apelaciones tendrá a su cargo un único Fiscal Judicial designado para llevar a cabo la investigación, garantizando así la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento del proceso.
La investigación se centrará no solo en los funcionarios actualmente en servicio, sino también en aquellos que han cesado en sus funciones, reflejando la amplitud y la seriedad de la indagatoria. La Corte ha establecido que entre los casos examinados podría existir una superposición entre licencias médicas y periodos de feriado, un factor que sin duda será objeto de análisis durante el proceso de investigación. Esta aclaración sugiere la complejidad del caso y la importancia de evaluar cada situación con el debido cuidado.
Este episodio ha generado un amplio revuelo en la opinión pública y ha suscitado críticas sobre la administración de las licencias médicas en el sector judicial. La Corte Suprema ha reiterado su compromiso con la transparencia y la ética en la función pública, asegurando que las irregularidades serán tratadas con severidad. A medida que avanzan las investigaciones, el sistema judicial se enfrenta al reto de restaurar la confianza perdida y asegurar que todos sus funcionarios actúen con la responsabilidad que exige su posición.
