Este lunes, se formalizó ante el Juzgado de Garantía de Cañete al joven Tomás Antihuen Santi, de 22 años, quien se ha convertido en el cuarto imputado por el terrible triple homicidio de carabineros ocurrido el 27 de abril de 2024. La audiencia fue dirigida por el magistrado Cristián Rosenberg, y el Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva contra Antihuen, dado el carácter grave de los delitos que se le imputan.
La Fiscalía, a través del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, presentó cinco cargos contra Antihuen, siendo el más grave el homicidio calificado de carabanero cometido en el ejercicio de sus funciones. Garrido enfatizó que este delito fue perpetrado con «premeditación, alevosía e ignominia», lo que evidenciaría la cruel naturaleza del ataque. Este tipo de acusaciones subraya la gravedad de la situación de seguridad en la región, y la preocupación de las autoridades por la violencia sufrida por los cuerpos policiales.
En la exposición de los hechos, el fiscal también imputa a Antihuen el robo con violencia de diversas especies que portaban los carabineros al momento de ser emboscados, incluyendo cámaras GoPro, armas de fuego y equipos de comunicación. Durante su captura, Antihuen fue encontrado en posesión de una subametralladora UZI, específicamente de uno de los policías asesinados, lo que añade más peso a los cargos de porte ilegal de arma de fuego así como tenencia de armas prohibidas, para los que también se le ha imputado.
Además de los delitos de homicidio y robo, se suman otras acusaciones. El fiscal Garrido detalló que Antihuen, junto con sus cómplices, incendiaron la camioneta que transportaba a los carabineros fallecidos, una acción que agrava enormemente los cargos en su contra. Este acto violento no solo refleja una intención de encubrir el crimen, sino que también pone de manifiesto una falta de respeto a las vidas de los funcionarios públicos.
Por último, el Ministerio Público ha indicado que el traslado de los restos humanos implica también la infracción de normativas sanitarias, tal como se establece en el artículo 322 del Código Penal. La formalización de Tomás Antihuen Santi resalta la seriedad de los actos perpetrados y pone en evidencia los daños colaterales que estos crímenes generan en la comunidad, especialmente en cuanto a la percepción de seguridad y la protección de quienes velan por el orden público.
