El abogado defensor de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, Miguel Schurmann, ha denunciado que Mario Desbordes, actual alcalde de Santiago, tuvo acceso anticipado a los mensajes de chat entre su representada e Karol Cariola, expresidenta de la Cámara de Diputados. En una entrevista concedida a Radio ADN, Schurmann afirmó que la difusión de estas conversaciones no solo carece de relevancia investigativa, sino que también violó el principio de protección de las comunicaciones privadas. Su intención es presentar un reclamo formal ante la Dirección de la Policía de Investigaciones de Chile para esclarecer esta situación y exigir responsabilidades por el manejo inadecuado de la información incautada.
Schurmann enfatizó que las comunicaciones extraídas del celular de Hassler y que fueron incluidas en el informe policial no tienen impacto alguno en el caso que dio origen a la incautación, conocido como el caso Sierra Bella. A su juicio, estas conversaciones son meramente de carácter político y reflejan una relación de confianza entre las dos diputadas. «Había muchas otras formas de demostrar la cercanía entre Hassler y Cariola sin necesidad de recurrir a estos mensajes privados», puntualizó, destacando la falta de justificación de su inclusión en la investigación.
El abogado reveló que el informe policial que contiene las conversaciones fue redactado el 18 de diciembre de 2024, y que, posteriormente, se decretó un periodo de reserva sobre este documento, el cual fue ampliamente renovado. Sin embargo, el fiscal, el 12 de febrero, determinó que muchas de las conversaciones no guardaban relación con los hechos investigados y procedió a censurar el informe. Pese a los esfuerzos por proteger ciertos aspectos, las comunicaciones relevantes fueron filtradas a la prensa poco después de ser entregadas a las partes involucradas, lo que generó gran inquietud entre los defensores.
Añadiendo una capa de complejidad al caso, Schurmann destacó que en la querella presentada por Desbordes se incluyó una comunicación que no estaba presente ni en el informe censurado ni en la solicitud de allanamiento. Esto plantea serias dudas sobre cómo y cuándo el alcalde obtuvieron acceso a información confidencial, lo que podría constituir una infracción a los derechos de la exalcaldesa Hassler. La situación subraya la fragilidad del proceso judicial y la importancia de mantener una línea ética en la gestión de información sensible.
Schurmann concluyó insistiendo que tanto el Ministerio Público como la Policía tienen la obligación de proteger la privacidad de las comunicaciones que no son relevantes desde un punto de vista penal. Subrayó que la filtración de estas conversaciones privadas a los medios de comunicación representa una grave falta de respeto hacia la confidencialidad del proceso y hacia su representada, quien ya enfrenta una compleja situación legal. La defensa tomará acciones concretas para salvaguardar los derechos de Hassler y pedir cuentas sobre la filtración inadecuada de información privada.
