La Contraloría Regional de La Araucanía ha emitido una orden a la Universidad de La Frontera (UFRO) obligándola a reintegrar más de $4.300 millones al fisco debido a irregularidades detectadas en el uso de sus recursos. Esta medida surge tras una auditoría exhaustiva realizada sobre el Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE) en el periodo comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2024. Según el informe del ente contralor, durante esos años, la UFRO percibió un total de $27.417 millones del Estado, pero se evidenciaron inconsistencias en la ejecución de estos fondos.
El análisis de la Contraloría reveló que al cierre del año 2023, la UFRO había rendido cuentas por $21.776 millones ante la Subsecretaría de Educación Superior, dejando un saldo pendiente de ejecución de más de $5.641 millones. Sin embargo, al revisar las cuentas corrientes habilitadas para el control financiero de estos recursos, se constató que solo existía un saldo de $1.302 millones, lo que implica una falta de disponibilidad de más de $4.339 millones. Estos hallazgos fueron determinantes para la orden de reintegro emitida a la casa de estudios.
Adicionalmente, la Contraloría observó que en varias ocasiones durante el año 2023, específicamente en junio, noviembre y diciembre, las rendiciones de cuentas realizadas por la UFRO fueron señaladas por la Subsecretaría de Educación debido a inconsistencias y la falta de documentación sustancial que respaldara los gastos reportados. Esto incluye rechazos de ciertas rendiciones que mostraron un déficit en la conciliación bancaria, reflejando la falta de control interno sobre los recursos financieros de la institución.
Entre septiembre de 2023 y junio de 2024, se identificaron traspasos de fondos del AIUE por más de $5.650 millones que se realizaron desde las cuentas corrientes destinadas al control financiero hacia partidas para remuneraciones del personal, una práctica que ha sido considerada improcedente por la Contraloría. Además, se ordenó el reintegro de casi $53 millones relacionados con fondos de dos proyectos que aún no habían sido ejecutados, a pesar de que los plazos de ejecución ya habían vencido.
Ante estas irregularidades, la Contraloría ha trasladado el informe al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia de Educación, para que tomen las acciones pertinentes. Esta situación no solo pone en cuestión la gestión financiera de la Universidad de La Frontera, sino que también genera preocupaciones sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos en las instituciones de educación superior en Chile.
