La Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido inhabilitar al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, con respecto a los casos impulsados por la Municipalidad de Santiago. Esta resolución se produce en medio de un conflicto legal que involucra al municipio y varias denuncias sobre delitos de violencia en emblemáticos liceos de la capital. La medida tomada por el tribunal responde a la presentación de una querella criminal por parte del alcalde Mario Desbordes, quien denunció hechos violentos ocurridos en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) y sus alrededores.
El trasfondo de este caso se centra en la decisión del juez Urrutia de declarar inadmisible la querella presentada por la Municipalidad, argumentando que una entidad municipal no puede interponer querellas por delitos comunes. Esta determinación generó descontento en la alcaldía, lo que llevó a la presentación de la solicitud de recusación por parte del municipio. La Corte de Apelaciones, al acoger esta solicitud, indicó que las afirmaciones respecto a la falta de imparcialidad del juez han sido suficientemente probadas y, por lo tanto, la inhabilidad fue declarada válida.
El conflicto entre el juez Urrutia y el alcalde Desbordes no solo se limita a este episodio reciente. La municipalidad acusó al juez de mantener una animadversión personal hacia el alcalde, situación que se ve reflejada en una querella previa que Urrutia interpuso contra Desbordes por calumnias. Además, se han presentado evidencias de publicaciones en redes sociales donde el juez ha manifestado una postura crítica hacia la gestión del alcalde, lo que ha contribuido a cuestionar su imparcialidad.
El fallo de la Corte subraya la importancia de la imparcialidad en el sistema judicial, especialmente en casos donde las decisiones pueden impactar la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar. La inhabilitación del juez Urrutia se extiende no solo a esta causa específica sobre la violencia en los liceos, sino a cualquier otro asunto en el que la Municipalidad de Santiago esté involucrada o tenga intereses. Esta medida refleja el compromiso del sistema judicial de asegurar que los procesos se manejen de forma justa y equitativa.
Este acontecimiento ha generado un amplio debate en la sociedad sobre el rol de los jueces y su capacidad para actuar sin prejuicios en un entorno político cada vez más polarizado. La situación destaca la necesidad de establecer mecanismos claros que protejan a los ciudadanos de cualquier posible uso indebido del ámbito judicial para dirimir disputas políticas. A medida que este caso avanza, será crucial observar cómo se desarrollan los próximos pasos legales y las reacciones tanto del municipio como de la comunidad en general ante este fallo significativo.
