Los principales actores del ecosistema de pagos en Chile, incluyendo adquirentes y comercios, han decidido llevar su desacuerdo a la Corte Suprema tras la reciente resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Esta resolución, emitida a principios de marzo, autorizó un nuevo sistema tarifario para Transbank, modificando la estructura del margen adquirente (MA). Dicha medida sienta las bases para una posible desregulación de tarifas en caso de que este operador principal de tarjetas vea una disminución en su participación de mercado. Sin embargo, se han presentado seis recursos de reclamación, evidenciando la profunda preocupación dentro de la industria respecto a las implicaciones de este fallo.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha sido una de las voces más críticas frente a la decisión del TDLC, acusando que la aprobación del nuevo sistema tarifario se aleja de los fundamentos establecidos por la Corte Suprema. Según la FNE, «la resolución contiene elementos que se apartan de criterios expresamente contemplados», haciendo énfasis en la importancia de la objetividad y la no discriminación en la fijación de tarifas. Este organismo argumenta que la autorización para aplicar descuentos mediante la figura de «meeting competition» podría permitir a Transbank mantener precios artificialmente bajos, afectando la competencia y la viabilidad de otros proveedores de servicios de pagos (PSP) en el mercado.
Los PSP y competidores de Transbank, como Flow, han expresado su preocupación sobre las consecuencias que el nuevo esquema tarifario podría traer para su operación. Lake afirman que la nueva estructura permitiría a Transbank establecer unilateralmente los costos y tarifas, lo que podría estrechar su margen de ganancias o incluso obligarles a abandonar el mercado de adquirencia. Flujo, por ejemplo, ha señalado que las tarifas propuestas inicialmente representaban un aumento del 50% en el margen adquirido. Estos cambios en la estructura de tarifas podrían representar un riesgo significativo para la competencia en el sector, haciendo que las pequeñas plataformas se vean en desventaja ante el monopolio establecido por Transbank.
Las críticas también provienen de empresas como Mercado Pago, que argumentan que el TDLC no cumplió con los requisitos establecidos por la Corte Suprema para modificar el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAR). La empresa enfatiza que la modificación de estas condiciones sin justificativos adecuados perjudica el marco regulatorio existente. Asimismo, Klap (Multicaja) ha cuestionado la base del fallo, específicamente la decisión de permitir la desregulación del MA basado en la reducción de participación de mercado de Transbank, argumentando que esta medida no considera el verdadero impacto que tendría en un entorno de competencia justa.
Por el lado de los comercios, Falabella, Sodimac y Tottus, todas pertenecientes al grupo Falabella, han presentado su propio recurso de reclamación, alegando contradicciones internas en el fallo del TDLC. Indican que la validación de una estructura tarifaria mixta sin una adecuada justificación en los costos podría resultar en subsidios cruzados entre diferentes agentes económicos. Esta situación resalta la necesidad de una revisión detallada de las condiciones tarifarias actuales para asegurar que el costo de aceptar pagos con tarjeta sea equitativo y no comprometa la competitividad de las empresas más pequeñas dentro del mercado.
