La Gendarmería emitió esta tarde un nuevo comunicado en relación a las tres resoluciones que se han generado en el contexto de la medida cautelar y la posterior liberación de Osmar Ferrer, conocido como sicario del «Rey de Meiggs». Esta situación ha generado una controversia entre las versiones presentadas por la Gendarmería y el Poder Judicial, especialmente en lo que respecta al orden cronológico de los eventos y cómo se desarrollaron las resoluciones sobre el caso. Ferrer fue formalizado por el homicidio de José Felipe Reyes Ossa el pasado 9 de julio, fecha en la que se dictó una prisión preventiva para él y otros dos cómplices, lo que marcó el comienzo de este complicado proceso judicial.
Según el Poder Judicial, el 9 de julio y a las 20:17 horas, el 8° Juzgado de Garantía ordenó la prisión preventiva de Osmar Ferrer. Sin embargo, solo ocho minutos después, esta medida fue dejada sin efecto debido a «problemas con la identificación del imputado». A las 20:28 horas, el juzgado emitió un nuevo orden de prisión preventiva que corregía los antecedentes, pero este último fue el que no se ejecutó por razones que actualmente están siendo objeto de investigación. Este giro rápido en la situación deja entrever inconsistencias en la comunicación y procedimientos judiciales que requieren un análisis exhaustivo.
Por su parte, la versión de la Gendarmería sugiere que la primera resolución del 9 de julio, a las 20:28 horas, sí resulta válida y se ejecutó de acuerdo a lo estipulado, con Ferrer ingresando a la unidad penal. El 10 de julio, a las 12:11 horas, recibieron una nueva orden del Tribunal que efectivamente dejaba sin efecto la instrucción de prisión, ordenando la libertad de Ferrer. Esta decisión se efectivizó el mismo día a las 20:40 horas, tras verificar la veracidad de la resolución, según el comunicado de Gendarmería.
Gendarmería también subrayó que, el 10 de julio, recibieron a las 14:13 horas una comunicación por correo electrónico desde el tribunal, la cual contenía la misma orden de ingreso que se había recibido en papel el día anterior. En esta nueva instrucción, no había alertas o rectificaciones que pudieran cuestionar la liberación de Osmar Ferrer. Esta falta de claridad en la información recibida ha llevado a decretar una revisión de los procedimientos internos y la manera en que se llevan a cabo estas comunicaciones judiciales, para evitar futuros inconvenientes de esta magnitud.
Finalmente, Gendarmería anunció que, pese a no haber detectado vulneraciones en sus sistemas informáticos, debido a la gravedad del caso, se están recopilando todos los antecedentes relacionados para ser entregados al Ministerio Público y facilitar las investigaciones internas. La comunidad se mantiene atenta ante los desarrollos de este caso, dado que la liberación de un implicado en un homicidio ha desatado un debate sobre la eficiencia y la transparencia del sistema judicial en situaciones críticas como esta.
