Los diputados de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente y Marlene Pérez, han dado un paso significativo en la investigación relacionada con la fallida compraventa de la casa del ex presidente Salvador Allende. Esta mañana, presentaron un exhaustivo cuestionario compuesto por 25 preguntas dirigidas al Presidente Gabriel Boric, buscando esclarecer su rol y participación en un proceso que ha desatado controversias y llevó a la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández, así como a la destitución de la senadora Isabel Allende a través de un fallo del Tribunal Constitucional (TC). Este acto sigue el interés de los parlamentarios por obtener respuestas concretas sobre la situación que rodea a estas autoridades involucradas.
La decisión de enviar este documento se deriva de la preocupación expresada por la mayoría de la comisión investigadora respecto a la advertencia previa que, supuestamente, recibió el Presidente sobre la inhabilidad constitucional de Allende y Fernández como propietarias del inmueble en cuestión. En este contexto, Benavente y Pérez formularon preguntas específicas acerca de si algún funcionario del gobierno, incluyendo a la jefa de la División Jurídico-Legislativa, Francisca Moya, le hizo llegar la información sobre la normativa que impedía continuar con la compraventa. Moya ha admitido estar al tanto de esta situación pero ha eximido de responsabilidad a su equipo en la comunicación de la inhabilidad al Presidente.
Además, los diputados no han dejado de lado el papel que desempeñaron Isabel Allende y Maya Fernández en todo el proceso. En su cuestionamiento, instan al Presidente Boric a reflexionar si considera que su excusa de no ser abogadas es suficiente para justificar su participación en un asunto tan delicado como este. Es importante recordar que, por su posición, ambas exautoridades contaban con asesoría legal y una amplia trayectoria parlamentaria, lo que hace que la defensa personal de no tener conocimientos legales pueda verse como insuficiente en el contexto de su responsabilidad.
Las interrogantes también apuntan a la formación académica del Presidente Boric, quien es abogado, y su experiencia como diputado durante ocho años. En este sentido, se les exige dar claridad sobre si tuvo conocimiento de la inhabilidad que pesaba sobre sus colegas y, si no fue así, qué acciones tomó para evitar que una situación así pudiera llevar a consecuencias políticas tan graves como las que se han observado. Adicionalmente, los diputados han solicitado clarificaciones sobre declaraciones de otros miembros del gabinete en relación con el fallo del TC que tiene implicaciones para futuras gobernanzas en el país.
Gustavo Benavente y Marlene Pérez han expresado su expectativa de que el Presidente Boric responda a las consultas planteadas de manera personal y rápida. Su insistencia en obtener respuestas no es solo una cuestión de responsabilidad política, sino que también se inscribe en la necesidad de transparencia ante la ciudadanía. Refiriéndose a la falta de respuestas, los diputados advierten que, en ausencia de claridad, los chilenos podrían interpretar que el mandatario no está dispuesto a colaborar en el esclarecimiento de este crítico caso que ha dejado un impacto profundo en la política nacional.
