La exjefa de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto, Marcela Ríos, se encuentra actualmente en prisión preventiva tras ser formalizada por corrupción. La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Sur ha estado llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre movimientos irregulares que superan los $500 millones, evidenciando una serie de transferencias fraudulentas desde las cuentas de la corporación hacia cuentas personales. Este caso ha despertado gran interés en la opinión pública, ya que involucra a un funcionario de alto rango en un delicado escándalo de malversación y lavado de activos.
Durante la audiencia de formalización, que tuvo lugar en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, se expusieron detalles alarmantes sobre la conducta de Ríos. Se reveló que la exjefa de finanzas realizó 41 transferencias irregulares, desviando más de $62 millones hacia cuentas de su hijo, Claudio Valverde. Además, se mencionaron contratos otorgados a su hermano, que superaron los $10 millones, evidenciando el delito de negociación incompatible. La magnitud de las irregularidades planteadas por la Fiscalía ha llevado a que el tribunal imponga una medida cautelar severa, como lo es la prisión preventiva.
La investigación ha desvelado también una red de lavado de activos que incluye la compra de una parcela en Melipilla por $17 millones, posteriormente transferida a su hija a un precio significativamente menor de $4 millones. Asimismo, un vehículo adquirido por Ríos en 2022 por cerca de $9 millones fue transferido a su hijo en 2024 por la mitad de su valor. Estos actos, calificados de fraudulentos por el fiscal Milibor Bugueño, configuran un claro intento de ocultar el origen ilícito de los bienes adquiridos con fondos públicos, lo que agrava aún más la situación de los imputados.
El tribunal también dictó arresto domiciliario total para los hijos de Ríos, quienes enfrentan cargos por su participación en el esquema de testaferrato. Este término se refiere a la práctica de transferir bienes a personas que, por lo general, no tienen los medios para adquirirlos. El fiscal Bugueño argumentó que los hijos de Ríos estaban plenamente conscientes de la ilicitud de los fondos involucrados y que, al actuar como testaferros, contribuyeron a ocultar la corrupción. La Fiscalía ha sostenido que la existencia de dolo por parte de los implicados es evidente, dado que tenían conocimiento de la naturaleza de los fondos.
El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, ha resaltado el trabajo de la Unidad Investigadora del municipio, creada para esclarecer casos de corrupción y proteger los intereses de la comunidad. Toledo enfatizó que el dinero de los ciudadanos no debe ser malversado por aquellos en posiciones de poder. Por su parte, el exalcalde Germán Codina también subrayó que su administración tomó acciones legales al detectar irregularidades, lo que demuestra un compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública. Este caso de corrupción ha generado un debate sobre la importancia de la vigilancia en el uso de los recursos públicos y la necesidad de justicia para los ciudadanos.
