La minera Andes Iron, propietaria del controvertido proyecto Dominga, ha emitido un comunicado en respuesta a la reciente decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que anuló la resolución del Comité de Ministros sobre la iniciativa minero-portuaria. En su declaración, la empresa calificó el fallo del tribunal como una acción «inédita y grave» por parte del Comité, que se ha negado a acatar fallos judiciales previos. Andes Iron sostiene que este comportamiento no solo socava la credibilidad del sistema judicial, sino que también retrasa el avance de un proyecto que consideran esencial para el desarrollo económico de la región.
El Primer Tribunal Ambiental ha dejado claro que, de continuar la negativa del Comité de Ministros a cumplir con la sentencia, podrían imponer medidas coercitivas conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Esto ha generado un nuevo escenario en el que la empresa espera que finalmente se respete la justicia ambiental y se reconozca la viabilidad del Proyecto Dominga. Andes Iron ha insistido en que su iniciativa cumple con todas las normativas medioambientales, y que las críticas hacia el proyecto carecen de fundamento técnico.
Andes Iron también ha manifestado su preocupación por el impacto que este conflicto puede tener en la región de Coquimbo, donde el proyecto ha sido visto como clave para fomentar inversiones sostenibles. La empresa argumenta que la prolongación de este debate no solo afecta su reputación, sino que también retrasa oportunidades de desarrollo que podrían beneficiar a la comunidad local. Según su perspectiva, la situación actual refleja una mala práctica que deslegitima las instituciones encargadas de evaluar proyectos de esta índole.
En su comunicado, Andes Iron subrayó que el Proyecto Dominga ha recibido consistentemente pronunciamientos favorables a lo largo de todas las instancias técnicas y judiciales. Aseguran que han existido hasta cuatro fallos favorables que certifican el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de Dominga. Esta reiterada validación por parte de la justicia ambiental contrasta con las evaluaciones desfavorables del Comité de Ministros, las cuales la compañía califica de ilegales y sin respaldo en la evidencia técnica.
La resolución del Primer Tribunal Ambiental que ordena una nueva reunión del Comité de Ministros ha sido vista como una oportunidad para que se reevalúe el proyecto de manera justa y fundamentada. Andes Iron ha expresado su deseo de que esta nueva votación marque el fin de lo que ellos consideran un «espiral interminable de resquicios» que han sido utilizados para bloquear la iniciativa. La empresa se mantiene optimista ante la posibilidad de que este nuevo enfoque permita avanzar hacia la materialización de un proyecto que consideran fundamental para el desarrollo sustentable en la Región de Coquimbo.
