La Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con la Fiscalía de Calama, ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba al robo de concentrado de cobre desde la División Ministro Hales de Codelco, ubicada en la Región de Antofagasta. Esta operación se realizó tras una exhaustiva investigación que reveló cómo los delincuentes coordinaban la salida de camiones cargados con el material valioso desde las instalaciones de la compañía hasta el sector del puerto seco de Calama, donde se realizaba la descarga y el almacenamiento del cargamento. Posteriormente, el concentrado de cobre era vendido a terceros en el mercado negro.
El Ministerio Público ha informado que la PDI logró sorprender a los implicados en el acto delictivo, lo que llevó a la detención de varios miembros de la organización criminal, incluyendo al presunto coordinador de las salidas de los camiones, el comprador del material robado, así como a transportistas y cargadores. Cada uno de los camiones involucrados en el robo sustrajo aproximadamente 20 toneladas de concentrado de cobre, lo que equivale a un valor de alrededor de 55 mil dólares por cargamento, según los datos proporcionados por las autoridades.
El fiscal Regional (s) de Antofagasta, Eduardo Peña Martínez, destacó que, a través de diversas técnicas de investigación, se logró establecer el destino de las cargas robadas y se generó un procedimiento con autorización judicial que permitió a la PDI ingresar al lugar donde se almacenaban los materiales sustraídos. Este tipo de intervenciones subrayan la efectividad de las estrategias investigativas implementadas por las autoridades para combatir el crimen organizado en la región.
El jefe de la Región Policial Antofagasta de la PDI, prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal, expresó su satisfacción por el éxito del operativo, que resultó en la formalización de los detenidos por los delitos de hurto agravado y receptación de especies en carácter reiterado. Aguillón informó que tres de los implicados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva debido a su peligrosidad para la seguridad de la sociedad, mientras que el resto fue sometido a arresto domiciliario, arraigo nacional y firma periódica.
Finalmente, el tribunal ha dispuesto un plazo de 200 días para la investigación, durante los cuales las autoridades continuarán con las diligencias necesarias para identificar a otros posibles implicados en este delito, así como para determinar el total del perjuicio económico causado a la empresa Codelco. Este caso pone en evidencia la importancia de la colaboración entre diferentes organismos de seguridad y la Fiscalía en la lucha contra el crimen, así como la necesidad de proteger los recursos naturales y económicos del país.
