La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, hizo fuertes declaraciones en una reciente entrevista con Radio Agricultura, donde enfatizó que el Gobierno no ha logrado cumplir con sus responsabilidades en materia de seguridad ciudadana. Jiménez manifestó su preocupación por la creciente ola delictual que afecta al país, señalando que «la realidad acá se impone y lo cierto es que no se está dando el ancho para poder frenar la tendencia al alza de la delincuencia que observamos». Este comentario resalta la creciente inquietud entre los líderes del sector privado ante el incremento de delitos que amenazan la seguridad y estabilidad social.
Durante la entrevista, Jiménez subrayó que la situación de inseguridad es una preocupación compartida por muchos sectores, al afirmar que «todos estamos preocupados de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la delincuencia». La CPC ha sido un actor clave en la discusión sobre políticas públicas y seguridad, y su presidenta criticó la respuesta del Gobierno calificándola de «curiosa». Este tono crítico sugiere un descontento con la gestión gubernamental, aumentando las voces que consideran que el Estado no está cumpliendo con su deber de proteger a la ciudadanía.
Jiménez también destacó la importancia del trabajo colaborativo entre el sector privado y el Estado frente a este desafío. «Hay mucho trabajo que se ha hecho desde el mundo privado y desde los gremios para colaborar desde la vereda que uno puede colaborar con el sector público», afirmó. Esta perspectiva refleja un enfoque proactivo por parte de la CPC, la cual ha estado buscando soluciones conjuntas para enfrentar los problemas de seguridad, aunque un pilar fundamental de dicha responsabilidad recae en el Gobierno.
Además, la presidenta de la CPC señaló que los datos respaldan su diagnóstico sobre el aumento de la delincuencia. Mencionó un reciente informe de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) que evidencia cómo el comercio ha comenzado a enfrentarse a situaciones cada vez más violentas. «No es una novedad para nadie que efectivamente la situación delictual ha empeorado», recalcó Jiménez, subrayando la urgencia de abordar las causas estructurales detrás de esta problemática que afecta a la economía y al bienestar social.
Por último, Jiménez mencionó que, a pesar de la necesidad de inversión privada en medidas de protección, la responsabilidad primordial de prevenir, perseguir y sancionar los delitos recae sobre el Estado. «Hay mucha inversión privada para protegerse, pero quien está a cargo de la prevención, la persecución y la sanción es el Estado», apuntó. Esta declaración reafirma la posición de la CPC, instando al Gobierno a asumir su rol de protector de la ciudadanía y a mejorar las estrategias de seguridad pública ante un panorama cada vez más preocupante.
