En un esfuerzo por orientar a los apoderados y apoderadas en el inicio del año escolar 2025, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, han compartido una serie de recomendaciones sobre la adquisición de útiles, textos y uniformes escolares. Durante una conferencia de prensa, ambos funcionarios subrayaron la responsabilidad de los establecimientos educacionales en garantizar el derecho a la educación, enfatizando que ningún estudiante debe ser excluido de las aulas por la falta de insumos necesarios. «Lo principal es que ningún estudiante vea impedido el desarrollo de sus actividades académicas por no contar con los recursos suficientes», afirmó Cataldo, quien también destacó la significativa inversión del Gobierno en útiles y textos escolares para este año.
El ministro Cataldo hizo hincapié en que las instituciones educativas no pueden exigir marcas específicas al solicitar útiles escolares. Las recomendaciones sobre la adquisición de ciertos materiales solo son aceptables si se fundamentan en razones pedagógicas o sanitarias. Esta normativa busca evitar que las familias se vean forzadas a gastar más de lo necesario, promoviendo una educación más equitativa y accesible para todos los estudiantes. La intervención del Ministerio de Educación, a través de la Junaeb, permitirá que miles de alumnos reciban los útiles escolares necesarios sin costo alguno, lo cual es un paso importante hacia la igualdad en el acceso a la educación.
En relación a los útiles de aseo, el secretario de Estado aclaró que no se pueden solicitar en establecimientos subvencionados por el Estado, tanto públicos como particulares. Esta medida busca evitar cargas económicas adicionales sobre las familias y asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a un ambiente escolar adecuado. La normativa también se extiende a los textos escolares, donde se establece que los colegios que reciben financiamiento estatal no pueden obligar a las familias a adquirir materiales distintos a los proporcionados por el Ministerio de Educación, garantizando así un acceso equitativo a la información y a los recursos educativos.
Respecto a los uniformes escolares, la normativa establece que los apoderados no pueden ser obligados a comprarlos a un proveedor específico. Aunque las instituciones pueden sugerir proveedores tras un proceso competitivo, los padres tienen la libertad de adquirir los uniformes donde consideren conveniente. Esta decisión refuerza la autonomía de las familias en la elección de sus compras, permitiendo un mayor control sobre sus gastos, lo cual es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre económica.
Finalmente, la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, destacó que las denuncias relacionadas con textos, útiles y uniformes escolares han disminuido considerablemente, lo que indica un avance en la comprensión y respeto de la normativa educacional por parte de las comunidades educativas. Actualmente, estas denuncias representan solo el 0.3% del total, mostrando una reducción del 47% en comparación con años anteriores. Muñoz llamó a los apoderados a estar atentos a cualquier incumplimiento y a utilizar los canales de mediación disponibles para resolver conflictos, poniendo énfasis en la importancia de proteger el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes.
