Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) anunciaron este lunes la presentación de una Acusación Constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández. Esta medida surge a raíz de la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, un contrato que, según los parlamentarios, asciende a casi 1.000 millones de pesos. La acusación se basa en la afirmación de que la ministra se beneficiaría personalmente de este acuerdo, lo que, a juicio de los legisladores, sería inconstitucional.
Los representantes de ambos partidos de la coalición Chile Vamos argumentan que la ministra ha ignorado las normativas vigentes y han manifestado su preocupación por la falta de acción del Presidente de la República, quien no ha solicitado la renuncia de Fernández. Ante esta situación, los parlamentarios consideran necesario recurrir a la Acusación Constitucional como una herramienta para hacer valer la ley. Este paso se enmarca en un contexto político tenso, donde la oposición busca mecanismos de control sobre el Ejecutivo.
El libelo de acusación se centrará específicamente en la violación del Artículo 37 Bis de la Constitución de Chile, que prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado. Los diputados de la UDI y RN sostienen que, dado que Maya Fernández posee una trayectoria política que incluye haber sido parlamentaria y presidenta de la Cámara de Diputados, no puede alegar desconocimiento de la ley. Esta afirmación pone de relieve las expectativas de comportamiento ético y legal que se tienen sobre los funcionarios públicos.
Es importante destacar que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, los legisladores han aclarado que no cuestionan la honorabilidad de la ministra Fernández ni las condiciones específicas del contrato en cuestión. Su argumento se basa en la existencia de un acto jurídico que consideran incompatible con las prohibiciones establecidas en la Constitución. Esta distinción es clave para el enfoque de la acusación, que busca más bien subrayar la necesidad de respeto a las normas que rigen la administración pública.
Este desarrollo en la política chilena podría tener repercusiones significativas en el gobierno de Gabriel Boric, ya que plantea un desafío a la estabilidad de su gabinete. La presentación de la Acusación Constitucional refleja un clima de confrontación política, donde las decisiones y acciones del Ejecutivo están bajo constante escrutinio. La situación de la ministra Fernández será observada de cerca, tanto por la opinión pública como por sus colegas en el Congreso, ya que podría sentar un precedente en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
