El Servicio de Impuestos Internos (SII) realizó un importante anuncio este martes al modificar la normativa sobre la entrega de boletas electrónicas y comprobantes de pago en las compras presenciales. Esta nueva resolución deja sin efecto la Resolución Exenta N°12 de 2023, la cual había suscitado un fuerte rechazo debido a que requería la impresión de todas las boletas, amenazando así la viabilidad de más de 600 mil dispositivos mPOS, esenciales para los pequeños y medianos comerciantes. El cambio promete alinear los procedimientos con las tendencias actuales de digitalización y sostenibilidad en el comercio.
La actualización normativa estipula que los comercios deberán ofrecer una representación impresa o virtual de las boletas o vouchers a los consumidores, sin importar el medio de pago utilizado. Esta medida busca facilitar la experiencia del cliente y adaptarse a un entorno donde las transacciones digitales son cada vez más comunes. Ya sea mediante un certificado impreso o a través de aplicaciones de mensajería, SMS y otras tecnologías, el objetivo es garantizar que el consumidor pueda acceder a un comprobante de su compra, asegurando así la transparencia en las transacciones comerciales.
Un aspecto crucial de esta nueva normativa es la flexibilidad que se brinda a los comercios en cuanto a la entrega de documentos. La resolución aclara que pueden optar por enviar boletas de forma virtual, siempre que dispongan de los medios necesarios para su visualización. De igual manera, amplia el plazo para que los comercios con dispositivos de pago que no cuenten con impresora se adapten a esta nueva obligación, fijando como fechas límites el 1 de mayo de 2025 y el 1 de marzo de 2026, lo que da tiempo para que se implementen las soluciones adecuadas.
La derogación de la Resolución 12 es un alivio para la industria de los medios de pago, quienes abogaban por la existencia de opciones más sostenibles y amigables con el medio ambiente. La presión ejercida por diversas asociaciones y gremios empresariales fue fundamental para que el SII reconsiderara su enfoque. Organizaciones como Transbank y SumUp habían manifestado que la obligatoriedad de imprimir boletas no solo era contraria a los principios de modernización, sino que también representaba costos adicionales innecesarios, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.
Las críticas a la normativa anterior se centraban no solo en el impacto económico que tendría sobre los comercios, sino también en su posible efecto negativo en la inclusión financiera. Expertos advirtieron que la obligación de imprimir podría forzar a pequeños negocios a recurrir nuevamente al dinero en efectivo, lo que podría aumentar la informalidad comercial. Desde el sector gastronómico, líderes como Máximo Picallo definieron la normativa anterior como un “retroceso absoluto”, cuestionando su finalidad ya que el SII recibe la información de las ventas electrónicamente. Con esta nueva resolución, se vislumbra un futuro más prometedor para la digitalización en el sector comercial.
