La Comisión de Hacienda del Senado llevó a cabo una sesión informativa en la que la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, presentó un informe exhaustivo sobre el avance en la implementación de la Ley Fintech, una normativa aprobada en enero de 2023. Esta ley tiene como objetivo modernizar el sistema financiero chileno al promover la inclusión, la competencia y la estabilidad. Durante su intervención, Berstein destacó que la implementación se ha guiado por principios fundamentales como la proporcionalidad, la neutralidad y la flexibilidad, lo que ha permitido integrar nuevas entidades al marco regulatorio y establecer estándares técnicos para el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA). «Como CMF, tenemos un triple mandato: estabilidad, conducta y desarrollo. La Ley Fintech nos obliga a equilibrar esos tres ejes de manera armónica», enfatizó la presidenta.
Uno de los aspectos más destacados de la Ley Fintech es el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (RPSF), el cual ha recibido un total de 377 solicitudes de inscripción y 253 solicitudes de autorización. Hasta la fecha, 33 entidades ya están oficialmente registradas bajo la nueva normativa. Con el objetivo de recoger la voz del sector, la CMF ha organizado 42 mesas de trabajo con la participación de más de 200 representantes de casi 130 entidades, lo que refleja un compromiso con una regulación inclusiva. La necesidad de servicios como la asesoría en inversiones ha sido evidente, con 105 solicitudes, seguidas de la intermediación de instrumentos financieros y el enrutamiento de órdenes, lo que indica una clara demanda en el nuevo ecosistema fintech.
La emisión de la NCG N°514 marca un hito en la regulación del Sistema de Finanzas Abiertas, ya que establece que el intercambio de datos entre entidades debe realizarse a través de APIs, siempre con el consentimiento del usuario. «El cliente financiero es el dueño de su información», destacó Berstein, subrayando la importancia de empoderar a los consumidores en este nuevo marco. Adicionalmente, se han creado dos elementos fundamentales del ecosistema financiero: el Directorio de Participantes, que facilitará la identificación de entidades autorizadas dentro del SFA, y un sandbox tecnológico que permitirá realizar pruebas de manera regulada. Según Berstein, este último se convertirá en un bien público regional, ofreciendo un entorno de prueba que podría ser replicable por otros países para desarrollar sus propios sistemas de finanzas abiertas.
El debate en la sesión también reflejó las preocupaciones de los senadores sobre la seguridad y los costos asociados a la Ley Fintech. Rodrigo Galilea expresó su inquietud sobre la seguridad de las cadenas de pago, advirtiendo que un mal uso de los fondos podría tener consecuencias devastadoras. Por su parte, Javier Macaya se centró en la distribución de costos de la iniciación de pagos entre bancos y fintechs, cuestionando cómo se garantizará que no se cobren comisiones no permitidas por la nueva ley. Kenneth Pugh planteó dudas sobre la robustez de la identidad digital y la firma electrónica avanzada en el nuevo entorno, lo que añade otra capa de complejidad a la implementación de la normativa.
La presidenta de la CMF, al responder a las preguntas de los senadores, se comprometió a proporcionar un informe a mitad de año sobre el estado de las solicitudes, para así mantener a los legisladores informados sobre el progreso. Reconoció que la implementación de la Ley Fintech ha presentado varios desafíos, incluyendo la necesidad de fortalecer las capacidades internas y fomentar la educación financiera en un entorno digital cada vez más complejo. «Estamos trabajando con rapidez, pero queremos asegurarnos de que cada paso sea sólido y proporcional al riesgo de cada modelo», concluyó Berstein, enfatizando que la regulación es un proceso dinámico que debe adaptarse a la retroalimentación del sector.
