El gobierno ha dado un paso significativo en favor de las personas mayores al retirar el veto sustitutivo que la administración anterior había impuesto el pasado 5 de febrero al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores. Dicha normativa, que había logrado finalizar su trámite legislativo con una aprobación unánime tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, finalmente podrá ser despachada por el Senado y seguir su curso hacia una pronta promulgación. La ministra María Jesús Wulf subrayó la importancia de este avance, señalando que se trata de «destrabar un proceso muy esperado» que había quedado estancado por el veto anterior.
Durante una conferencia de prensa, la ministra Wulf enfatizó que el retiro del veto es una clara muestra de la intención del gobierno actual de impulsar la ley lo más rápido posible, cuidando los detalles y asegurando el control necesario. Anunció además que la semana siguiente llevará a cabo reuniones con diversas organizaciones sociales que trabajan con personas mayores, con el propósito de informarles sobre los beneficios de la nueva ley y sus implicancias. Wulf resaltó que la iniciativa tiene como objetivo ofrecer a los adultos mayores las herramientas para mantenerse activos laboralmente, respetando sus condiciones particulares y fomentando sus relaciones sociales, todo lo cual es crucial para mejorar su calidad de vida.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva Ley es la protección laboral que ofrece a las personas mayores. El retiro del veto garantiza que se mantendrán los beneficios en materia de trabajo flexible y condiciones adecuadas para aquellos que decidan participar en la fuerza laboral. Según la ministra, el trabajo voluntario no solo representa una vía de ingresos, sino también un espacio para la participación ciudadana, la autonomía y un sentido de pertenencia. Esta legislación busca erradicar el «edadismo» y reconocer el valor social y productivo de este grupo etario.
La Ley Integral de las Personas Mayores incluye 15 derechos específicos, los cuales son fundamentales para salvaguardar la dignidad y el bienestar de estos ciudadanos. Entre estos derechos se encuentra el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria por motivos de edad. Además, se establece el derecho a un trato digno y respetuoso, así como el acceso preferente a justicia y la garantía de independencia y autonomía para las personas mayores. Esta normativa también protege a aquellos con dependencia, abordando el grave problema del abandono social y implementando nuevos procedimientos dentro del sistema de tribunales de familia.
La ratificación de esta ley no solo representa un avance legislativo, sino una respuesta a las demandas históricas de las organizaciones que abogan por los derechos de las personas mayores. A través de esta normativa integral, se sienta un precedente alentador hacia un tratamiento más justo y equitativo de los adultos mayores en la sociedad. Con la legislación ahora en marcha, se espera que se implementen programas y estrategias que brinden un apoyo tangible y efectivo, promoviendo así una vida digna y plena para las personas mayores en el país.
