La secretaria de Estado, Jeannette Jara, continúa impulsando la inclusión de un inversor público, como una AGF de BancoEstado, en la licitación del stock de afiliados, a pesar de la oposición técnica a esta medida.
La reforma previsional impulsada por el Gobierno, que busca transformar de manera significativa el sistema de pensiones, sigue enfrentando críticas y desacuerdos. En una reciente entrevista con El Diario Financiero, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, defendió su postura de generar una división en la industria y la de licitar el stock de afiliados, una propuesta que ha sido ampliamente cuestionada por expertos.
El plan contempla licitar el 10% de los afiliados actuales, con la participación de “todos los inversores privados, también un inversor público en igualdad de condiciones, que bien podría ser, una AGF de BancoEstado”, explicó la ministra. Sin embargo, esta medida no logró generar acuerdo en la Comisión Técnica de Pensiones y tiene como detractores a expertos del sector, quienes temen que dividir la industria, mediante la inclusión de un inversor público pueda interferir en la gestión de los fondos. Esto incluye a la Comisión Técnica que estuvo recientemente activa en el Senado, publicando un informe en julio.
Jara también se refirió a las preocupaciones en torno al traspaso, destacando que se están explorando mecanismos para proteger los activos. “En el caso de algunos derivados y de los activos alternativos, que son más ilíquidos, puede haber un mayor problema. Entonces, lo que uno puede pensar es que existan ciertos activos que se excluyan de la cartera de licitación”, reconoció.
En cuanto a las tensiones en torno a la reforma, Jara admitió que persisten dificultades. “Hay varios temas ya acordados y hay otros en que no veo grandes diferencias, pero sí con tensiones, que son los que tienen que ver con el seguro social y con la licitación de stock», señaló.
Pese a estos desafíos, la ministra expresó confianza en que el proyecto será aprobado dentro del plazo acordado, pero sin garantías de alto consenso. “En cumplir el plazo no veo riesgo. Que se llegue o no a un acuerdo que nos permita que el proyecto salga con un respaldo amplio es una aspiración, mas no es un hecho”, explicó.
