En medio de la gira presidencial por la Región de Magallanes, el ministro de Energía, Diego Pardow, sostuvo una reunión crucial con los parlamentarios de la zona la noche del jueves. La discusión se centró en las alternativas para aumentar el subsidio frente al alza de las tarifas eléctricas, una cuestión urgente para Magallanes y para todo Chile.
El Gobierno, representado por Pardow, se mostró abierto a todas las propuestas. No obstante, según los congresistas presentes, existe una inclinación notable hacia una iniciativa del Frente Amplio: aumentar el impuesto a las generadoras de carbón. Este viernes al mediodía, el ministro presentará una propuesta concreta en una reunión que promete ser decisiva.
El tema es de gran urgencia, no solo debido a las características geográficas y climáticas de Magallanes, que demandan un alto consumo de luz, sino también por la necesidad de estabilizar las tarifas eléctricas a nivel nacional. Desde 2019, las cuentas de electricidad se han mantenido prácticamente congeladas gracias a tres leyes que han estabilizado los precios para los clientes regulados. Recientemente, el Senado aprobó un cuarto proyecto para implementar el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), evitando un aumento del 150% en las tarifas para los mayores consumidores.
Sin embargo, este proceso de descongelamiento gradual de las tarifas comenzará el 1 de julio, lo que ha intensificado la necesidad de buscar soluciones efectivas. Carlos Bianchi, diputado y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, expresó que Pardow está considerando todas las propuestas. “Textual dijo, ‘me da lo mismo el color del gato con tal que cace ratones’. Pero la propuesta que más reiteró y la que yo creo que es por donde el Gobierno está avanzando, es una propuesta del Frente Amplio que busca aumentar el impuesto al carbón”, comentó Bianchi.
Este incremento en el impuesto permitiría extender el subsidio a más hogares, aumentando el número de beneficiarios de un millón y medio a tres millones. A pesar de esto, Bianchi subrayó que el impacto sería aún insuficiente, dejando fuera a muchas familias, especialmente en Magallanes, donde la población más vulnerable asciende a más de 38,000 hogares.
La medida ha generado críticas en la oposición, que advierte sobre un posible perjuicio a zonas con termoeléctricas. La reunión de este viernes será crucial para determinar el camino a seguir y cómo se equilibrarán los intereses económicos y ambientales en esta delicada cuestión energética.