Desde la entrada en vigencia de la ley 21.563 en agosto de 2023, las personas que emiten boletas de honorarios han encontrado una nueva herramienta para enfrentar deudas. El procedimiento de renegociación de deudas, gestionado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), se ha convertido en una solución gratuita y accesible. De acuerdo con un informe del Observatorio Estadístico de la entidad, entre enero y abril de 2025, un notable 68% de los 1.131 procesos activos involucraban a trabajadores independientes, una cifra que contrasta dramáticamente con el 34% que se registró al final de 2023. Esta transformación ha sido crucial para fomentar un camino más saludable hacia la estabilidad financiera a través de la reestructuración de compromisos económicos.
Este mecanismo de renegociación, que se presenta como un procedimiento administrativo gratuito, permite a los deudores negociar con sus acreedores bajo condiciones más favorables. Entre los beneficios destacados se incluyen la reducción de la tasa de interés, la extensión de términos de pago y la posibilidad de meses de gracia antes de iniciar cualquier desembolso. Las estadísticas indican que quienes más acceden a esta opción se encuentran en el rango de edad de 30 a 44 años, percibiendo ingresos mensuales de entre $500 mil y $750 mil, y renegociando deudas que superan los 50 millones de pesos. Antes de la promulgación de esta ley, estas personas estaban limitadas a optar únicamente por la liquidación de bienes, lo que hacía la situación financiera aún más complicada.
Hugo Sánchez, Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, destacó que esta nueva ley no solo afecta las finanzas de las personas, sino que también tiene un impacto significativo en su bienestar emocional y familiar. Señaló que renegociar deudas permite a los trabajadores conservar sus bienes y evitar la estigmatización asociada a la insolvencia, lo cual contribuye a restablecer la tranquilidad emocional y la estabilidad en el hogar. Desde que se implementó la normativa, el aumento en el número de solicitudes para renegociar deudas ha sido continuo; en 2024, las solicitudes crecieron un 185% en comparación con el año anterior, y en los primeros cuatro meses de 2025 el crecimiento fue del 91% respecto al mismo período del 2024.
La ley 21.563 también ha facilitado el acceso a mecanismos simplificados de insolvencia, tanto para personas como para micro y pequeñas empresas (Mipymes). Entre enero y abril de 2025, 1.944 personas optaron por la liquidación simplificada, lo que representa un aumento del 58% con respecto al año anterior. De esos casos, un 41% corresponde a mujeres, y las regiones que más han solicitado este procedimiento incluyen Metropolitana, Biobío y Valparaíso. En el ámbito de las Mipymes, un total de 149 empresas iniciaron procesos de liquidación simplificada en el mismo periodo, mostrando un incremento del 86%, particularmente en sectores como la alimentación móvil, construcción y servicios de impresión.
Sánchez hizo un llamado a no esperar a que la situación financiera llegue a un punto crítico y a acercarse proactivamente a la Superir para informarse sobre los procedimientos disponibles. Resaltó la importancia de actuar con antelación ante problemas de insolvencia, utilizando los recursos que la ley ahora proporciona, para así permitir el acceso a un proceso más justo y ordenado. Esta invitación a la anticipación y a la búsqueda de soluciones adecuadas es esencial en un contexto donde las cifras de renegociación muestran un despegue claro hacia un manejo más responsable de las deudas.
