La Corte de Apelaciones de Temuco ha acogido el recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), dictando una orden de congelación de los bienes del desaforado diputado Mauricio Ojeda. Este legislador se encuentra actualmente en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco en relación a la arista manicure del caso Convenios. Dicha medida fue solicitada por el CDE con el objetivo de asegurar que los recursos presuntamente malversados por Ojeda puedan ser recuperados en el futuro.
El CDE había solicitado la congelación de tres inmuebles y cuatro vehículos pertenecientes al diputado, pero el tribunal decidió acoger el requerimiento de manera parcial. La Primera Sala de la Corte determinó que solo tres propiedades quedarán bajo esta medida cautelar, lo que significa que no podrán ser vendidas, traspasadas ni cedidas. Esta acción se lleva a cabo como un mecanismo para garantizar la devolución de los montos defraudados, que se estima ascienden a más de $730 millones de pesos.
Ojeda ha estado en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco desde el pasado 3 de enero, debido a que su libertad se considera un potencial riesgo para la seguridad de la sociedad. La investigación en su contra se centra en el destino de recursos asignados por el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc, que supuestamente debían financiar cursos de capacitación en peluquería, manicura y pedicura para mujeres en situación de vulnerabilidad.
Los antecedentes del caso revelan que los fondos recibidos por las fundaciones nunca se utilizaron para los fines establecidos, lo que ha generado una alta preocupación entre los ciudadanos y autoridades. Este escándalo ha sacado a la luz las malas prácticas en el manejo de los recursos públicos y ha puesto en tela de juicio la gestión de algunos parlamentarios en Chile.
La resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco representa un paso importante en el proceso judicial que enfrenta el diputado Mauricio Ojeda. A medida que avanza la investigación, se espera que se tomen más medidas para asegurar la recuperación de los fondos públicos y que se ejerza la justicia correspondiente ante el presunto fraude cometido en detrimento de la comunidad.
