La controversia en torno al caso Monsalve ha alcanzado un nuevo punto culminante. Este lunes, la comisión investigadora del caso tuvo que cerrar repentinamente su sesión, después de que Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, se negase a responder las preguntas formuladas por el diputado Miguel Mellado, presidente de la comisión. La decisión de dar por concluida la sesión dejó a muchos parlamentarios frustrados y preocupados por las implicaciones sobre la transparencia del proceso. Mellado anunció que se enviarán los antecedentes a la Contraloría para evaluar una posible sanción a Crispi, acentuando la percepción de un intento gubernamental por silenciar la investigación.
Durante la sesión, la diputada Gloria Naveillan planteó cuestionamientos sobre la legalidad de la cláusula de confidencialidad que Crispi invocó para no responder a las preguntas de la comisión. Esto dio pie a un debate sobre la aplicación de tales cláusulas en situaciones donde la transparencia es crucial. Mientras tanto, algunos miembros de la comisión parecían más centrados en reflexiones personales que en formular preguntas directas, lo que suscitó tensiones y frustración entre los parlamentarios. El diputado Álvaro Carter, por su parte, criticó enérgicamente la postura de Crispi, sugiriendo que su negativa a colaborar perjudica la credibilidad del gobierno y la confianza pública.
Miguel Mellado no se guardó las críticas hacia Crispi, a quien describió como el «niño símbolo del silencio del Gobierno» en el caso Monsalve. Afirmó que su negativa a responder no solo va en contra de lo que la Contraloría había indicado, sino que también representa un obstáculo en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso. La presión sobre Crispi ha ido en aumento, con Mellado revelando que hay un movimiento dentro de la comisión para solicitar su renuncia al presidente Gabriel Boric. Esta propuesta resalta la creciente frustración que sienten algunos parlamentarios ante lo que consideran una falta de compromiso del gobierno con la transparencia en el proceso.
El diputado Diego Ibáñez salió en defensa de Crispi, argumentando que este actuaba dentro del marco de la normativa vigente y que su negativa a declarar era una acción legítima. Esta defensa generó una clara división en la comisión, con algunos parlamentarios alineándose en posiciones opuestas sobre el papel que juega el asesor en el centro de esta controversia. A medida que las tensiones aumentaban, algunos miembros criticaron la gestión de La Moneda y su implicación en el caso, convirtiendo la sesión en un campo de batalla verbal sobre la responsabilidad política.
Finalmente, Mellado adelantó que el trabajo de la comisión avanzará a pesar del obstáculo que ha representado la falta de cooperación de Crispi. Indicó que la comisión debería estar lista para presentar sus conclusiones en un plazo de 15 días, salvo que el fiscal nacional se digne a asistir a la próxima sesión. La presión continúa sobre el gobierno para que tome medidas claras y contundentes respecto a las acusaciones en torno al caso Monsalve, mientras la expectativa sobre el desarrollo de esta investigación sigue creciendo.
