La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que ninguna persona que haya sufrido trauma ocular debido a acciones de agentes del Estado perderá su pensión de gracia. Esta medida se toma en respuesta a la posible revocación de beneficios entregados a individuos con antecedentes penales después del estallido social.
Vallejo respaldó las declaraciones anteriores del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien afirmó que el beneficio se mantendría para aquellos con daño permanente, destacando especialmente las lesiones oculares como casos evidentes. Esto será aplicable independientemente de si la persona tiene antecedentes penales.
La ministra enfatizó que en las revocaciones administrativas planificadas por el Gobierno, dirigidas principalmente a personas con antecedentes penales por delitos graves, se establecen ciertas exclusiones.
«El Estado no puede ignorar la responsabilidad de detener esas violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, se aplican criterios de exclusión e inclusión», explicó Vallejo. «Se incluyen aquellos que han cometido delitos graves, como homicidio o violación».
En cuanto a la revocación, la ministra reiteró que se deben considerar aquellos casos en los que se ha producido una grave vulneración de los derechos fundamentales y que resultaron en la pérdida de visión debido a un trauma ocular.
Esta medida representa un paso importante hacia la protección de los derechos de quienes han sufrido lesiones graves durante el periodo de protestas sociales, garantizando que continúen recibiendo el apoyo necesario para enfrentar las consecuencias de tales incidentes.
