El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha condenado a José Omar Soto Valdés a una pena de 10 años y un día de presidio tras hallarlo culpable del delito consumado de homicidio simple. El fallo unánime del tribunal, entregado durante la jornada, revela que los hechos se produjeron en marzo de 2022, en la comuna de La Pintana, donde Soto Valdés, junto a un cómplice, disparó sin provocación alguna contra dos individuos, resultando en la muerte de uno de ellos, Jonathan Orellana Peña.
La condena de Soto Valdés no se limita únicamente al homicidio, ya que el tribunal también impuso una pena adicional de 541 días de presidio por lesiones graves cometidas en el mismo incidente. La víctima sobreviviente, Jimmy Salgado Orellana, sufrió una fractura expuesta de pilón tibial a causa del ataque. Además, el imputado fue declarado culpable de tres delitos consumados de maltrato de obra contra funcionarios de la Policía de Investigaciones durante su arresto en julio de 2022, lo que agrava aún más su situación judicial.
En la resolución del tribunal, se destacó el uso desmedido de la fuerza por parte de Soto Valdés y su cómplice, así como la falta de provocación que justificara tales actos. La escena del crimen, ubicada en El Trombón N°1154, fue descrita como un lugar de tranquilidad alterada por la violencia desatada por los imputados. Orellana Peña falleció debido a un «shock hipovolémico» provocado por el impacto del proyectil, mientras que Salgado Orellana quedó con lesiones graves.
Asimismo, las sanciones impuestas por el tribunal incluyen la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos y oficios públicos y derechos políticos. También se establece la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares durante el tiempo que dure la condena, una medida que refuerza la gravedad de las acciones de Soto Valdés. Esta serie de penas busca no solo castigar al autor del delito, sino también prevenir futuros actos de violencia.
Finalmente, tras la confirmación del fallo, se procederá a la toma de muestras biológicas de Soto Valdés para su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Este paso es parte de un proceso más amplio de control y seguimiento de delincuentes en el país, y subraya el compromiso del sistema judicial chileno con la lucha contra la violencia y la delincuencia, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
