El local China Mart, ubicado en calle Gorbea, fue clausurado a mediados de marzo de 2023 tras descubrirse que comercializaba carne de tortuga sin la debida rotulación en español, contraviniendo así la normativa de etiquetado. Este establecimiento ha estado envuelto en controversias políticas debido a su vinculación con la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, en lo que se investiga como un posible delito de tráfico de influencias. El Mercurio informó que la Seremi de Salud había prohibido el funcionamiento del local hace aproximadamente dos años, cuando se confirmaron irregularidades en la venta de carne de pato y otros productos orgánicos también sin rotulación adecuada, lo que generó preocupación sobre la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa legal vigente.
Según la petición presentada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la Fiscalía Regional de Coquimbo, el 18 de enero de 2022, la diputada Cariola solicitó asistencia a la exalcaldesa Hassler para ayudar a su amigo, el empresario chino Emilio Yang, quien enfrenta problemas administrativos relacionados con la renovación de la patente de alcohol de su negocio. Este evento ha suscitado interrogantes sobre la posibilidad de tráfico de influencias ya que muestra un intercambio de favores entre figuras políticas y empresariales. La amenaza de clausura del local motivó la intervención de Hassler, quien intentó mediar en la situación para evitar el cierre del establecimiento.
El contenido de los mensajes intercambiados entre Cariola y Hassler revela la urgencia de la situación, donde la diputada menciona: «Tengo un cacho, necesito tu ayuda» y se refiere directamente a los problemas de Yang. En respuesta, Hassler muestra disposición para ayudar, indicando que se comunicará con funcionarios del municipio para encontrar una solución. Este comportamiento subraya la relación cercana entre las políticas locales y los intereses comerciales, lo cual es un tema de considerable debate en el contexto político actual de Chile.
A la luz de estos acontecimientos, la situación se complica aún más con la defensa presentada por Hassler, quien ha declarado que la no renovación de la patente se debió a una decisión unánime del Consejo Municipal, donde ella votó en favor. La exalcaldesa utiliza sus redes sociales para aclarar su posición, enfatizando que su administración cumplió con el proceso administrativo establecido. Esto plantea dudas sobre la gestión municipal y la posible responsabilidad de otros actores dentro de la misma, lo que podría tener repercusiones en futuras elecciones y en la confianza pública hacia las autoridades.
En medio de la controversia, la reactivación del local China Mart a pesar de su clausura anterior plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las regulaciones comerciales y la seguridad pública. Con la presión de la Fiscalía y la atención mediática, las acciones de las autoridades locales serán scrutinadas. Este caso pone en relieve las interrelaciones entre política, negocios y la normativa estatal, así como la necesidad de una vigilancia más estricta en la gestión de permisos y licencias comerciales para evitar prácticas irregulares.
